Con 38 votos a favor y ocho en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de Ley de Obras Públicas para el estado, cuyo objeto es concentrar en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) todas las decisiones acerca de las obras del gobierno de Rocío Nahle.
El Pleno de este Congreso también otorgó su voto a favor del dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de construcción de la infraestructura del estado.
La nueva ley dota a la SIOP de la facultad de establecer criterios administrativos para resolver desavenencias que surjan durante la ejecución de los contratos, “contribuyendo así a contrarrestar el abandono de proyectos, obras inconclusas y la tramitación de procedimientos ante instancias jurisdiccionales por la falta de tales criterios administrativos”.
Asimismo, la persona titular del Poder Ejecutivo, a través de la SIOP, podrá “determinar la oportunidad de ejecución de proyectos estratégicos de obras públicas y servicios relacionados con ellas, en función de su conveniencia o impacto social, ambiental y financiero; así como, la coordinación interinstitucional con los entes públicos y los gobiernos federal y municipales”.
Crea el Catálogo de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con Ellas, el cual será integrado por la SIOP y se establecerá las cartas de crédito para garantizar las obligaciones derivadas de los contratos.
Se establecen los procedimientos específicos abreviados para la atención de emergencias, riesgos, casos fortuitos o seguridad de la población; disposiciones de contratación emitidas por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas en el ámbito del Poder Ejecutivo; interpretación administrativa de la Ley y la ejecución de la contratación de la obra pública del Poder Ejecutivo.
Además, los entes públicos deberán elaborar un catálogo de precios, de los insumos, equipos, materiales, mano de obra y demás conceptos a utilizar en los proyectos y contratos que servirán de referencia para el costo de los mismos.
Por otra parte, el dictamen sobre disposiciones de distintos ordenamientos en materia de construcción de la infraestructura del estado establece que las obras públicas y los servicios relacionados con ellas únicamente estén a cargo de la SIOP.
En virtud de esto, el Poder Ejecutivo del estado realizaría la contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con ellas a través de la SIOP, que llevará a cabo la contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de dichas obras y servicios, a fin de asegurar las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás rubros.
La iniciativa de reforma fue presentada apenas el pasado 23 de enero por el diputado de Morena, Alejandro Porras Marín, quien sostuvo que “habrá un cambio estructural en las reglas para la simplificación de trámites y el establecimiento de los plazos para la ejecución de obras. Se fortalecerá la supervisión y fiscalización con el Comité de Obras y se detonará la economía regional.
Del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román expresó que a su bancada le agrada la idea que la SIOP sea la que realice la obra pública, pero indicó que en este proyecto de ley no hay claridad sobre cómo se entregarían los contratos y la integración del “súper comité”, por lo que votó en contra del dictamen.
Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada dijo que de nada servirá que una sola dependencia realice la obra pública si no se refuerza su andamiaje jurídico para asegurar se logren los objetivos planteados, “una ley de obras debe garantizar transparencia”.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, aseveró que con esta legislación se crea un “súper comité de obras”, el cual emitirá las disposiciones generales para regular la obra pública. Adelantó su voto en contra y se pronunció por crear leyes que garanticen transparencia en la contratación.