71 años después

Por Mónica Mendoza Madrigal

Escribo esta columna tomándome la licencia de hacerlo en primera persona, porque asumo cabalmente la responsabilidad de lo que aquí señalo y porque hoy, precisamente hoy, quiero refrendar mis propios derechos políticos y electorales ejerciendo cabalmente mi libertad de expresión, privilegio que siete décadas antes, no estaba permitido.

El 17 de octubre de 1953 es la fecha en la que se emitió el Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se reconoce la igualdad de derechos de la mujer -así fue escrito entonces, en singular– frente al hombre.

En los 20 años que llevo dedicada a este tema he escrito en reiteradas ocasiones al respecto y lo retomo, porque hay que hacer análisis situado de la historia, por aquello de las exaltaciones sin fundamento: México fue el doceavo país del continente en aprobar el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y a ser votadas. Llegamos en forma tardía a ello y lo hicimos así debido a que en 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la reforma constitucional ya estaba lista, fue presentada ante el Congreso, incluso fue aprobada por ambas cámaras y por los congresos estatales, pero jamás se publicó y por tanto nunca entró en vigor, hecho respecto del cual hay dos argumentos: por un lado se señala que el PNR –que fue el que bloqueó la reforma– afirmaba que era inminente que el voto de las mujeres se viera influenciado por los curas, y por tanto no era conveniente aprobarlo; aunque también hay referencias que señalan que la Iglesia Católica cabildeó con el gobierno para bloquear la medida, señalando que el voto de las mujeres podría diferir del de sus maridos y ello tampoco era adecuado para sus ecuaciones políticas. En todo caso, mandaron a la congeladora la iniciativa, que al fin vio la luz con el Decreto enviado por el ya para entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, veracruzano, por cierto.

Lo que es claro es que se tenía miedo de no controlar el voto de las mujeres y de las repercusiones que pudiera alcanzar.

Podríamos clasificar las siete décadas transcurridas desde entonces en tres grandes bloques: el primero, de 50 años, que es la época de las pioneras, mujeres que llegaban por primera vez a los espacios y que mantenían una presencia muy reducida, sin mayor incidencia en la toma de decisiones más que la excepcionalidad de su inclusión. Un segundo momento, que es el de la época de las cuotas, en donde para cumplir con lo dispuesto en la ley a los partidos políticos no les quedó de otra –hay que decirlo– que postular el porcentaje establecido, pero sin que ello se tradujera en una mayor representación pública. Y el tercer momento, del que deriva el escenario actual, que es tanto la reforma por la que se eleva a rango constitucional la paridad y luego, la reforma del 2018 llamada Paridad en Todo, que hace efectiva esa nueva realidad para la configuración de absolutamente todos los espacios públicos horizontales y verticales.

Tan funciona la paridad, que hoy –10 años después de haberla elevado a rango constitucional– México tiene ya por primera vez una mujer presidenta de la República y he querido esperar a que transcurrieran las primeras semanas para hablar de su gobierno.

Confieso que analicé muy atentamente su discurso en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo y aunque sin duda reconozco el ejercicio de referir en éste a muchas de las mujeres de la historia de este país, desde la Colonia hasta nuestros días, y hasta me resultó emotivo escuchar la frase “soy mujer, madre y abuela y por mandato popular, a partir de hoy soy Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, no puedo ignorar el enorme simbolismo de haber abierto su primer mensaje como primer mujer en llegar a ese cargo, destinándole cuatro largos minutos a exaltar la figura del hombre que la antecedió. Todo comunica y lo que eso comunicó le es muy desfavorable a su persona y a su investidura.

Anunciar como primera acción de gobierno un programa social de transferencia directa de dinero a mujeres en un país en donde somos las más pobres entre los pobres, sin duda fue y es recibido como una bocanada de aire, aunque sabemos bien que eso no mitiga ni un ápice la pobreza.

Quiero ir a las 11 iniciativas dadas a conocer en su primera mañanera para mujeres. Llama la atención que la Presidenta las diera a conocer acompañada de activistas de conocida trayectoria como un intento de legitimación, pese a mantenerse en la negativa de reunirse con grupos plurales de feministas y otras mujeres organizadas como las madres buscadoras. Sobre esas propuestas hay que analizar a profundidad su pertinencia. Por ejemplo, en el punto 3 señala que será obligatoria la paridad en la Administración Pública Federal y Estatal, lo que ya está en ley desde el 2018, cosa que por cierto no ha sido sostenida en Veracruz con los anuncios que hasta ahora ha dado a conocer la gobernadora electa.

Ahí también llama la atención que se incluye como punto 5 la protección a la violencia Vicaria, Ley que, en Veracruz, pese a haber sido presentada en esta Legislatura por tres distintas diputadas, no ha sido aprobada.

La propuesta contiene varias iniciativas de combate a la violencia contra las mujeres, hablando incluso de la creación de una nueva fiscalía –que por cierto en Veracruz esta Legislatura no aprobó–, así como perspectiva de género en la procuración de justicia, la existencia de fiscales de investigación y el conocimiento de medidas de protección, medidas todas para las que se necesita presupuesto, por lo que lo verdaderamente transformador será que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que en breve será presentado, se contenga la suficiencia de recursos necesaria para hacer realidad estas medidas.

El documento también contempla el fortalecimiento de la Ley Olimpia, instrumento que protege a las mujeres ante la compartición sin consentimiento de material sexual y que es solo una de las múltiples formas de violencia digital, por lo que en este ámbito se requiere sí ese fortalecimiento, pero también un marco mucho más amplio para otros instrumentos legales que brinden protección a un fenómeno que crece y se diversifica cada segundo.

Sobre la iniciativa de que el agresor salga de casa, presentada como medida de protección a la violencia familiar y que está vigente desde hace varios años en la Ciudad de México, hay que analizar con mayor detenimiento el impacto que ello significará para las mujeres, porque ¿qué pasa entonces con la manutención del hogar y de los hijos, ante la innegable realidad de la proveeduría que hacen los maridos de los gastos del hogar, sobre todo en los casos en los que ellas no tienen autonomía financiera?

De ningún modo se trata de objetar todas las iniciativas que sean presentadas. Al contrario. Se busca que lo que se presente no sean anuncios con fines meramente mediáticos, sino que puedan tener incidencia y efectividad para mejorar la calidad de vida de las mujeres. En un país con índices tan altos de violencias y con una brecha tan marcada de desigualdad, que sitúa a las mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad, todo esfuerzo es bienvenido.

Hay que hacer valer las siete décadas de ciudadanía política para las mujeres ejerciéndola plenamente, y exigiendo que las autoridades recién asumidas trasciendan la unicidad del arribo histórico y traduzcan la paridad en igualdad sustantiva que mejore la vida de las mujeres en este país.

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