Por Héctor Raúl Rodríguez Díaz
Decía Don Jesús Reyes Heroles, el ideólogo del liberalismo social mexicano, que en política, la forma es fondo.
Y esto aplica para el caso de la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial de la Federación, donde Morena y sus aliados para alcanzar la mayoría calificada tuvieron que aliarse con aquellos a quienes durante todo el sexenio denunciaron como un modelo de corrupción del viejo régimen.
En los hechos, las matemáticas dicen que Morena y sus aliados lograron los 86 votos necesarios para aprobar la reforma, contra 41 votos del bloque de contención opositor. Sin embargo, como en política la forma es fondo, la reforma nace manchada con un pacto de impunidad y una doble traición.
Por un lado, la forma como Morena y sus aliados del PVEM y PT lograron la mayoría calificada, comprando votos opositores – los dos senadores mostrencos que llegaron bajo las siglas del PRD fueron los primeros que claudicaron – y presionando con expedientes judiciales – como fue el caso de los Migueles Yunes Linares y Yunes Márquez -, revela el pragmatismo y la desesperación del régimen para lograr la mayoría calificada traicionando los supuestos principios de lucha contra la corrupción y la impunidad que ha enarbolado durante todo el sexenio.
Más allá de la aritmética, la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado significó una derrota moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su régimen, porque dejó al descubierto el juego de intereses y de poder con el que Morena y los Yunes ahora expanistas hicieron un pacto de impunidad, nada menos que para aprobar una reforma cuyo principal argumento era acabar con la corrupción.
De nada sirve que al otro día López Obrador haya tratado de lavarse las manos, como Poncio Pilatos, negando haber hablado con los panistas traidores y atribuyendo la responsabilidad al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Adán Augusto López, quien no mueve un dedo sin la autorización del primero.
Tampoco sirve que en Veracruz la gobernadora electa o el coordinador del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso local o el dirigente estatal de ese partido, se hayan deslindado de los Yunes ahora expanistas, que hayan negado cualquier acuerdo político con ellos o afirmado que se reservan el derecho de admisión.
Ante los ojos de México, el 11 de septiembre quedó claro que Morena y los Yunes ahora expanistas son aliados en la defensa de los mismos intereses y se cubren con el mismo manto de impunidad. Por eso la aprobación de la reforma al poder judicial significó una derrota moral para el presidente López Obrador y su régimen.
De la otra traición se ha hablado mucho. Tiene que ver con la claudicación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y de su padre, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, acorralados como estaban por varias denuncias penales que los tenían al borde del desafuero y de la prisión. Ambos negociaron su voto a cambio de impunidad traicionando al millón 200 mil veracruzanos que el 2 de junio votaron por una opción distinta a la que representan Morena y sus aliados.
De nada sirve que Yunes Linares pretenda explicar su decisión como un acto de libertad y de civilidad política. Él y su hijo tenían un mandato de sus electores al que renunciaron para salvaguardar sus intereses personales. Pasarse al bando del adversario no es civilidad, sino traición. Hoy no representan a nadie, salvo a Morena, donde no los aceptan.
Esa es otra similitud entre López Obrador y Yunes. Acorralados ante la posibilidad de la derrota o la cárcel, ambos traicionaron sus principios para luego abrazar la misma narrativa de negación y justificación con la que tratan de tapar el sol con un dedo.
Ante los ojos de México, ante los ojos de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ante los ojos de miles de estudiantes universitarios, abogados y ciudadanos que salieron a las calles a defender a la República, a la división de poderes, a la libertad, y a expresar su oposición a la reforma, quedó claro que ésta solo fue posible gracias a una doble traición: la del régimen de López Obrador y la de los senadores desleales que negociaron su voto a cambio de impunidad.
