Por Darío Fritz
Que los números hablan, hablan. Veamos. En 2022, en 96.3% de los delitos penales, la justicia no hallaba culpables ni condenaba (4.5% más que en el año anterior). Eso lo registró México Evalúa que en cada dato de su estudio dejaba caer un mazazo sobre los platos tambaleantes de la efigie señorial de la justicia. La impunidad en feminicidios fue del 88.6%, precisó, en homicidios dolosos del 95.7%, en desapariciones del 96.5%, violencia familiar 98.6% y abusos sexuales 96.1%. También puntualizó que 93.2% de los delitos no se denunciaban y que los jueces la pifiaban en casi una tercera parte de las sentencias porque resultaban apeladas. Con estos números, es una lotería ganada de antemano adelantar la desconfianza en los jueces: 67.3% de la sociedad creía que se corrompen, un podio de plata ante el oro que se ganan los policías de tránsito. Otro dato de ese 2022 lo aporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 70.5% de las mujeres en este país creen que el acceso a la justicia es uno de los derechos menos respetados.
La organización civil EQUIS Justicia para las Mujeres aporta cifras y propuestas desde 2011. Sus datos de 2021 dejan ver a través de las sentencias que juezas y jueces invisibilizan las violencias contra mujeres (47%), no las protegen (69%), no analizan los contextos donde se producen y reproducen las violencias y ven situaciones de ese tipo como problemas estructurales (80%). Cada punto alimenta la sensación de vacío: no recaban pruebas con perspectiva de género (70%), no reparan de manera integral los daños (86%) y no dictan medidas para dar seguimiento al cumplimiento real de las sentencias (71%). En el trabajo “Ranking de opacidad en México” da cuenta que de 13,000 mujeres encarceladas, la mitad no tenían sentencia -las cifras del Inegi de 2023 señalan que 38.4% de los hombres estaban en esa situación-, que si bien la mayoría de los poderes judiciales reportaron sus sentencias, la deficiencia en la calidad de sus registros y la información proporcionada hacía sospechar una transparencia fraudulenta.
Si hasta aquí usted no se aburrió de los números, abundan otros tan lapidarios como irrebatibles. Un estudio interno de 2017 del consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, reconocía que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país permitieron el ingreso a tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados, suegras. Un año después, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) siguió el hilo del trabajo del juez, y concluyó que la red familiar se extendía a más de 7,000 servidores públicos con nombres y apellidos en nómina en 31 circuitos judiciales. El título de la investigación periodística no pudo ser más certero: “Los virreinatos del Poder Judicial”.
“Suelta la lupa, toma el espejo y mírate a ti mismo”, dice una frase que alienta a salir del conformismo a los adictos en centros de recuperación. Datos y números hablan. En contexto ofrecen explicaciones. Dan razones y desmoronan argumentos. Detrás de las cifras hay sobradas intenciones para saltarle a la yugular a quienes se dejen. Ante tanta crisis, quitar cabezas es el grito de los cruzados que modulan el alboroto, pero al cuerpo enfermo nadie lo atiende. En la antesala del juez las fiscalías brillan silenciosas con sus negligencias. Terminada la cruzada, la maquinaria judicial puede aprestarse a seguir el camino de aquella rana que lanzada al agua tibia estaba cómoda y nunca se dio cuenta que el fuego encendido poco a poco la estaba matando.
@DarioFritz
