Los ex dirigentes nacionales del PRI Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell entregaron “excitativa de justicia” a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, una para urgir al Consejo General pronunciarse sobre el proceso por medio del cual Alejandro Moreno Cárdenas pretende reelegirse el próximo domingo, mismo que sería ilegal.
Sauri Riancho subrayó que se reunieron con la presidenta del INE y otros consejeros para exponer que su reclamación “plantea la necesidad de un pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad de la Asamblea Nacional, o que el próximo domingo 11 de agosto se materializará un supuesto sumamente delicado. Es decir, se elige la nueva dirigencia del PRI en condiciones claras de ilegalidad”.
“Pedimos que el Instituto, su Consejo General, resuelva una cuestión muy directa y sencilla, una pregunta: ¿fue legal o no fue legal realizar una Asamblea Nacional que modifica los documentos básicos del PRI cuando todavía está el proceso electoral federal, cuando no ha concluido?
“Lo que pedimos es que el Consejo General del INE se pronuncie. ¿Es legal? Bueno, pues ya ellos tienen sus plazos para revisar los procedimientos, los contenidos de las reformas a los documentos básicos. ¿No fue legal? Pues que lo digan con contundencia, porque los actos que sucedieron a esta Asamblea Nacional llevan a la elección de una dirigencia nacional el próximo domingo, y ya no serían válidos”, explicó.
Recordó que la actual dirigencia nacional del PRI está sujeta a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando le concedió una prórroga a su gestión, la cual concluye hasta finales de agosto.
“La sentencia es muy clara, concluye el periodo o la prórroga cuando concluya el proceso electoral, iniciado la primera semana de septiembre de 2023 y que va a terminar cuando califique la elección presidencial el Tribunal y resuelva las impugnaciones de la asignación de la representación proporcional del Poder Legislativo federal el 30 de agosto. Eso marca la conclusión del proceso. Pues al día siguiente, el 31 de agosto, el PRI puede convocar a su Asamblea. Lo que no puede pasar es que entren en vigor reglas de los estatutos que fueron tomadas el 7 de julio y que ya no estarían vigentes”, sentenció.
