Gobierno de Cuitláhuac García desvió recursos por más de 400 mdp a través de empresas fantasma como lo hizo Javier Duarte, revela investigación de Animal Político

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En la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz también se crearon y contrataron empresas fantasma como en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, con las cuales se desviaron más de 400 millones de pesos en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal y la Secretaría de Salud,  reveló una investigación realizada por el portal de noticias Animal Político.

Como en época de Javier Duarte, se otorgaron diversos contratos a «empresas» sin conocimiento de los rubros contratados, ubicadas en domicilios que son casas abandonadas y, sobre todo, que nunca ejecutaron las obras, pero sí cobraron el dinero.

En la investigación realizada por los periodistas Nayeli Roldán, Frasua Esquerra, Óscar Nogueda, Melisa Correa y Regina López Puerta se detalla que entre 2020 y 2023, la administración estatal de Veracruz usó a beneficiarios de programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para crear una red de empresas fantasma a las que se les otorgaron contratos millonarios en obras públicas, sin que éstas fueran realizadas; en la mayoría de los casos, los supuestos empresarios son jóvenes o adultos mayores que desconocían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millones de pesos.

La administración de Cuitláhuac García en Veracruz copió el mismo mecanismo que, hace seis años, empleaba el priista Javier Duarte para desviar recursos públicos. La forma de operar fue similar, es decir, se contactó a personas de escasos recursos a las que engañaron para que firmaran los papeles que les permitan crear empresas fantasma; luego a las «empresas» les otorgan contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura y los recursos desaparecen, porque las obras no se hacen.

Esta irregularidad fue detectada en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, en el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal y la Secretaría de Salud, que entregaron contratos por más de 400 millones de pesos.

Todo el dinero asignado en estos contratos proviene de los recursos federales que entregan a los estados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas.

La investigación de Animal Político revisó los contratos entregados a empresas de nueva creación y a personas físicas de 2018 a 2023. Luego, los integrantes de esas empresas fueron buscados en los padrones de beneficiarios de programas sociales y las coincidencias fueron confirmadas por su RFC, la edad que se registraba al momento de recibir el programa social y el municipio. Después se buscaron en las direcciones fiscales registradas y por teléfonos.  Se entrevistó a los supuestos dueños y se confirmó que las obras nunca se realizaron.

Una de las empresas utilizadas es Grupo Especializado Ruta Boca, S. A. de C. V., que recibió 122 millones de pesos a través de 18 contratos firmados entre 2020 y 2023 con el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dirigido por Ricardo García Jiménez, y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, encabezada por Elio Hernández Gutiérrez.

Entre los servicios supuestamente contratados está la construcción de baños en escuelas y la colocación de piso firme en Medellín de Bravo, la reconstrucción de la carpeta asfáltica en Coyutla, o la instalación de alumbrado público en Poza Rica.

Uno de los contratos más onerosos –el número SIOP-OP-PF-027/2023-DGCOP– firmado por el subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jesús Enrique Trujeque Rivera, en junio de 2023, consistió en el pago de 24 millones 978 mil pesos para la “modernización con concreto hidráulico” en la localidad de Las Amapolas, en el municipio de Veracruz, que nunca se realizó.

De acuerdo con Animal Político, en el Grupo Especializado Ruta Boca está Juan, de 69 años, (a quien se le cambió el nombre para evitar represalias). A pesar de ser “dueño” de una empresa constructora vive de la pensión para Adultos Mayores y su casa no ha tenido mantenimiento en décadas, igual que el resto de esa colonia popular en Boca del Río.

Reconoce ser el “dueño” porque dos familiares de su nuera le pidieron el “favor” de crearla. En 2019 lo llevaron al SAT para que entregara su documentación oficial y firmara papeles. Después, dice, “tengo que ir periódicamente para renovar esa información. Me imagino que porque yo ya estoy grande para contratar”.

Juan explicó que mantiene comunicación con la “contadora de la empresa”, y cada vez que se requiere firmar un documento pasa por él “un muchacho que se llama Gabriel Arana”. Este Arana efectivamente aparece como representante legal del grupo gracias a un poder que Juan, sin saberlo, firmó en septiembre de 2019, como se registró en un acta de la empresa consultada en el Registro Público de Comercio.

Así como éste, Animal Político documenta otros casos más en algunas dependencias del Gobierno de Veracruz.

La institución que más contratos con personas que resultaron ser beneficiarios de programas sociales fue el Instituto de Espacios Educativos, todos por adjudicación directa.  En 2019, el Instituto hizo 80 adjudicaciones directas a empresas y personas físicas, de acuerdo con los documentos registrados en su página. Pero para 2023 hubo 177 adjudicaciones directas, lo que representa un aumento de 121 por ciento. Ese año entregó 89 contratos a empresas y 88 a personas físicas.

Casi todos los contratos tienen exactamente el mismo concepto: “rehabilitación de edificios, construcciones de servicios sanitarios y obra exterior”, cuyas asignaciones van de los 788 mil pesos a los 2 millones de pesos, todos por asignaciones directas previstas en la ley, al tratarse de montos pequeños. Y los recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples y de Escuelas al Cien, ambos del presupuesto Federal, según consta en los contratos revisados.

Por tal razón, se dio a conocer que se buscó una postura por parte de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero como ha sido durante este sexenio, simplemente no dio respuesta.