Debatir o más bien imponer
Por Javier Solórzano Zinser
La agenda la sigue imponiendo el Presidente. Es claro que muchos asuntos no se van a aprobar ni medianamente discutirse en el Legislativo. El tiempo se acaba, recordemos que el periodo ordinario de sesiones termina el 30 de abril.
Sin embargo, hay temas que con una mayoría simple pueden ser aprobados, están echados para adelante debatiéndose de una manera singular. A pesar de que los foros de discusión sobre las 20 reformas propuestas por el Presidente organizado por la mayoría, la trascendencia en términos de la difusión ha sido menor quedando la impresión de que quizá eso querían.
No está a discusión la importancia de los temas. La clave está en cómo los quieren discutir y cómo los quieren aprobar sin tener abiertos debates en asuntos que caen directamente en los ciudadanos.
Hacíamos referencia ayer al tema de las pensiones en que hay confusión en función de cómo está diseñado el fondeo, ya que a través de la propuesta será muy difícil mantener las pensiones y, sobre todo, porque por más que se niegue o se le dé vueltas al asunto, los trabajadores pensionados son quienes deben decidir sobre sus dineros ahorrados.
El tema de los amparos está también abiertamente en el debate. Escuchando ayer a algunos legisladores de Morena se confirma que se tiene que debatir abiertamente. Si bien algunos de sus argumentos presentan miradas distintas de las críticas que ha hecho la oposición, el tema obliga a discutirlo por las innumerables interpretaciones de las leyes, lo que ratifica que es necesario el debate y que la aprobación no se puede hacer por la puerta de atrás, y menos por aquello de que un duende cambie el texto original como pasó con las pensiones.
El tema de la Ley de Amnistía es por muchos motivos debatible. Es una ley general que se establece en las facultades del Congreso. El Presidente quiere tener la atribución de determinar los casos echando a andar a su, por momentos, desbocada mayoría en el Congreso.
El riesgo es mayor. El Presidente o los futuros mandatarios serán quienes determinen a quién se le puede conceder la amnistía, la decisión estaría en el ámbito del mandatario de manera hasta cierto punto discrecional. Habrá que pensar a futuro, porque no tenemos claro quién nos va a gobernar. Pueden aparecer una infinidad de intereses que rodean al Presidente que terminen por determinar las decisiones.
En este mismo sexenio se han creado casi que de manera inevitable una gran cantidad de intereses. El caso más claro está siendo el del exministro Arturo Zaldívar. Todo lo que rodea el asunto pasa por presunciones de la acción del ahora morenista exministro quien a decir del Presidente tuvo conversaciones con él. Algunas de las denuncias que se han presentado en contra de Zaldívar se señala que eran asuntos importantes para el Presidente por lo cual se llevaron a cabo presiones de toda índole con tal de que fueran aprobadas.
Es inevitable que en la medida en que avanza un sexenio los mandatarios se entrelacen con intereses por todo tipo de razones. López Obrador quiere capacidad de maniobra para llevar a cabo actos de amnistía, los cuales no queda claro qué objetivos busque y en quién piense. Lo cierto es que dejar en plena atribución del Presidente el tema más allá de que le quita al Congreso una atribución constitucional, le da manga ancha al Presidente en turno para que tome determinaciones de manera directa y unilateral.
Nos espera un final de periodo realmente turbio. Muy probablemente todo termine en amparos y en la Corte, lo cual por lo menos por ahora podría poner un freno a temas importantes que no quieren discutir sino imponer.
RESQUICIOS.
La estrategia para denunciar el deplorable ataque de la embajada mexicana en Ecuador ha sido y es precisa y efectiva. Acudir a los organismos internacionales es sumarse a la convivencia entre las naciones concediéndole el peso y valor que tienen estas instancias; se la pasaron impugnándolas y al final les tocamos la puerta.
