Un grupo de ciudadanos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para prohibir el uso de dispositivos que violen la secrecía del voto dentro de las mamparas de las casillas electorales el próximo 2 de junio en todo el país.
Bajo la figura de la petición legislativa, los firmantes del proyecto de decreto demuestran que las personas que no tienen la facultad de iniciar leyes y decretos, pueden presentar propuestas legislativas que el Congreso tiene la obligación de atender, según lo confirman los artículos 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 132, 133 y 134 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con lo que la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja se obliga a turnar el proyecto a comisiones para que resuelvan, como cualquier otro proyecto legislativo.
El proyecto consiste en un decreto para que el día de la elección, los presidentes de casilla prohíban el uso de teléfonos inteligentes, cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo que viole el voto secreto dentro de las mamparas de las casillas electorales, pudiendo llamar a la fuerza pública para hacer que se respete la voluntad de los votantes.
Sabedores del alcance de medidas de este tipo, los ciudadanos, en su calidad de patrones y poseedores de la soberanía nacional, no han propuesto una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque eso no se puede hacer en pleno proceso electoral, sino que proponen un decreto que solo tiene fuerza temporal, en espacios físicos delimitados y para casos concretos, que es el que ocupa el proyecto y que, precisamente por tratarse de un decreto, no se sujeta a las reglas de una reforma a las leyes electorales.
El proyecto que fue presentado el pasado 27 de febrero, fue admitido por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y ahora corre su proceso legislativo, proceso que será observado por los promoventes así como por toda la ciudadanía que se quiera sumar a hacer efectivo su poder como mandante y soberana en nuestro país, por encima de los gobernantes y sus intereses.
Finalmente, el proyecto pretende demostrar que la ciudadanía es más poderosa que los caprichos de los políticos en el gobierno y que el pueblo de carne y hueso, personificado en cada habitante del país, es el que manda y no la voluntad facciosa de quienes creen tener el poder.
