El ministro Alberto Pérez Dayán enfatizó que “por encima de la Constitución, no hay poder alguno”, al hablar a nombre del Poder Judicial durante el acto por el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, Pérez Dayán expuso que “es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga. Electa o no electa. Sin distinción alguna”.
Al parafrasear al constituyente Paulino Machorro y Narváez, destacó que hay que alejar al Poder Judicial de la política para que no resulte en lo que calificó como un “juego de las pasiones”.
“En esta tribuna, y refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo: ‘…el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social’.
“Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores… La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político… Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones’. Agrego yo: militancia y judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después”, aseveró.
El presidente Andrés Manuel López Obrador desairó el acto cívico y mandó en su representación a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien dijo que “a la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon aparatos en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos”.
