Desde la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador celebrada en Culiacán, Sinaloa, se atacó a opositores que han sido perseguidos por el gobierno de Cuitláhuac García y a los jueces que los liberaron por falta de pruebas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
Al presentar el avance de “Cero impunidad” del 17 de octubre al 13 de noviembre, el Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría De Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, refirió que “tenemos algunos casos de jueces que protegen a presuntos, con sus decisiones protegen a algunos delincuentes”.
Habló primero del ex alcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín, detenido por la FGE cuando buscaba la dirigencia estatal del PAN. Mencionó que el 24 de abril de 2023 el juez José Ezequiel Santos Álvarez otorgó un amparo al exalcalde para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el 24 de septiembre del 2022 por delitos ambientales, ordenando su absoluta e inmediata libertad.
“Esta determinación después fue confirmada por unanimidad por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, ellos tres. Uno de los argumentos del juez Santos Álvarez fue que no se le puede considerar partícipe de delitos ambientales a Tito ‘N’ por el solo hecho de haber firmado la contratación a una empresa para la limpieza del municipio, misma que contaminó el medio ambiente en Tierra Blanca por tirar basura a cielo abierto, ello a pesar de que la fiscalía de Veracruz presentó como medios de prueba dictámenes en materia pericial en criminalística y en materia ambiental que acreditan como irreversible el impacto ambiental generado”, dijo.
Después trató el caso del amparo al ex secretario de gobierno de Veracruz Rogelio Franco Castán, de quien aseguró que fue acusado de “contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios e imagen pública, presuntamente para posicionar al hijo del entonces gobernador del estado de cara a la elección del 2018”, imputación que nunca se había mencionado como parte del proceso contra el también ex dirigente estatal del PRD.
“El 12 de junio de 2023, el juez Fermín Santiago Santiago otorgó el amparo a Rogelio ‘N’ para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra en diciembre del 2022 por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público. El juez ordenó al juez de control dictar la no vinculación por falta de elementos para procesar.
“El juez Santiago Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio ‘N’ fueron arbitrarias o sin fundamento legal, ya que, de haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al gobernador del estado, lo cual no ocurrió, por lo que se determinó detrimento en el patrimonio del estado. Esta resolución después fue confirmada por mayoría de votos por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, aunque aquí fue dos votos a favor y el juez Martín Soto Ortiz en contra”, narró, sin mencionar que Franco Castán libró acusaciones por diez delitos que le imputó la FGE en los casi tres años que estuvo preso.
Como si fueran casos equiparables, Rodríguez Bucio se refirió al proceso contra el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, ex subsecretario de Finanzas y de Administración y ex secretario del Trabajo del duartismo Gabriel De Antes, sentenciado a seis años y seis meses de prisión por peculado y enriquecimiento ilícito y quien dejó la cárcel porque no se respetó la presunción de inocencia.
Rodríguez Bucio se quejó de que la jueza Zarahí Escobar Acosta argumentó que el juez de control y enjuiciamiento “no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, ello a pesar de que la jueza ya tenía conocimiento de que Gabriel ‘N’ ya había sido sentenciado a seis años y seis meses de prisión el 15 de junio del 2023 y había peligro de sustracción. En cumplimiento a lo anterior, el 9 de octubre de 2023, el juez local de Pacho Viejo, René Ortiz Sartorius, impuso resguardo domiciliario como medida cautelar. Y cabe señalar que la sentencia de seis años seis meses de prisión no ha causado ejecutoria, pues hay un recurso de apelación pendiente de resolver”.
