Las autoridades electorales deben garantizar que personas violentadoras de mujeres en razón de género no tengan acceso al poder, coincidieron las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordan.
En el marco del Foro Acciones afirmativas para una democracia inclusiva, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), la consejera Dania Ravel aseguró que lo que legitima a la democracia es el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas. “Me parece que ése debe ser un límite irreductible para los designios de la mayoría”, enfatizó.
Durante la inauguración del Foro subrayó que las acciones afirmativas son importantes “porque simplemente sin la participación de todas y todos no podemos hablar de la existencia de una democracia”.
No es posible afirmar que vivimos en una democracia plena, insistió Ravel, si aún existen personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos por su expresión de género, por su orientación sexual, por vivir con una discapacidad, por pertenecer a una etnia, por su condición social.
La consejera Ravel aseveró que ni las acciones afirmativas, ni la 3 de 3 contra la violencia generarán un cambio social inmediato y tampoco garantizarán por sí solas “el éxito de un proyecto democrático incluyente y sin violencia, pero sí colocan en el centro de la discusión la necesidad y trascendencia impostergables de la participación y la representación política de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación, así como la prevención y erradicación de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres”.
Dania Ravel planteó los desafíos que ha implicado que, por ley, los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
“Tenemos que caminar hacia el hecho de que, si está la consecuencia y la infracción de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ante casos verdaderamente graves, poder establecer que una persona violentadora no llegue a los cargos públicos”, sostuvo.
Ahora que la 3 de 3 contra la violencia es constitucional, la consejera Ravel consideró que se tiene que hacer una revisión completa para verificar que efectivamente todas las personas cumplan con lo que ya es un requisito de elegibilidad.
Es decir, no estar en alguno de los tres supuestos: personas deudoras de pensión alimenticia, agresores sexuales o que hayan cometido violencia familiar.
El mayor reto que enfrenta la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia, afirmó, “es que las mujeres puedan participar de forma libre, sin ningún tipo de violencia y que puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales”.
Dania Ravel detalló que para una mayor efectividad de esta ley se deben firmar convenios con los tribunales y trabajar de la mano con la sociedad civil para allegarse información de quienes aspiran a una candidatura, para comprobar que no son personas violentadoras, “pues es obligación de las autoridades electorales hacer una revisión completa”.
Ravel Cuevas aclaró que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG nunca ha tenido como objetivo que la persona ahí registrada pierda su derecho automáticamente a ser candidata o candidato, por lo que, en los lineamientos de elección consecutiva de legisladores aprobados por el Consejo General, se estableció que serán los partidos políticos los que revisarán que en éste no se encuentre él o la aspirante y valorarán la pertinencia de la postulación de la persona.
“¿Qué queremos hacer? Que también tenga un costo político para los partidos, porque al final, todo mundo, en el discurso, está bien comprometido con el tema y a favor de los derechos de las mujeres y la inclusión y en contra de la violencia, pero resulta que después quieren postular a personas que están ahí, que han cometido actos de violencia política”, precisó.
Al participar de manera virtual en el panel 1 titulado El papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3 de 3, la consejera Carla Humphrey Jordan advirtió que cada vez que aumenta la participación de mujeres en política, también incrementa la violencia que se ejerce contra ellas.
Humphrey recalcó que en este Proceso Electoral 2023-2024 las autoridades electorales tienen que hacer la revisión total de las postulaciones para verificar que no se encuentren en los supuestos de la 3 de 3 contra la violencia.
“Y los partidos políticos tienen la responsabilidad también de no presentar a personas violentadoras para postularse a un cargo de elección popular”, exhortó.
Además, señaló que las autoridades electorales en el país tienen que aprobar y garantizar que personas violentadoras no tengan acceso al poder, “que no puedan ser postuladas a estos cargos de elección popular y, por tanto, salvaguardemos el derecho de todas las mujeres de no ser violentadas y no seguir siendo violentadas desde el poder”.
Carla Humphrey recordó que la 3 de 3 contra la violencia ya es un principio constitucional y es de observancia obligatoria. Ante el incremento de la violencia digital, llamó a poner especial atención en la violencia que se ejerce en las plataformas sociales y digitales, “pero tenemos primero que visibilizar esta violencia, porque en redes sociales parece que lo que no se evidencia y no se materializa, parece que no existe”.
Al respecto, mencionó que el 21 de agosto el INE presentó junto con Meta la guía titulada Enfrentando la violencia política contra las mujeres en Facebook, WhatsApp e Instagram, que contiene una forma para identificar cuándo es violencia, para prevenirla, denunciarla desde las redes sociales y para que las mujeres tengan más herramientas para hacer uso de estas plataformas. Asimismo, contempla un mecanismo de denuncia junto con el INE.
Carla Humphrey reiteró que hay una sanción establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expresamente para la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la cual señala que puede haber distintas sanciones, pero una de ellas es la cancelación y/o la negativa del registro a ser postulado como candidato o candidata a un cargo de elección popular.
“Creo que elementos jurídicos los tenemos para defender la ocupación o el acceso de las mujeres a estos espacios públicos sin violencia”, concluyó.
