Por Raúl Arias Lovillo
El día de ayer se conmemoraron 50 años de uno de los golpes militares más sangrientos en nuestra historia latinoamericana. En aquel 11 de septiembre de 1973, cuando contaba con escasos 17 años, a mi generación y a mí nos conmocionó el sangriento golpe militar del general Augusto Pinochet. Terminaba así el sueño del presidente Salvador Allende por construir un proyecto de transformación social que favoreciera a trabajadores y campesinos de ese país sudamericano. Con el paso de las semanas se intensifica en Chile la represión militar, dejando miles de torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados. A medio siglo de estos hechos se debe aprender la lección para no repetir la historia.
En la actualidad me resisto a pensar que en México un gobierno que se presume de izquierda otorgue un inmenso y creciente poder a los militares. Más me sorprende que un importante sector social, que en su momento alzó sus protestas contra aquel golpe militar y que hoy sigue ciegamente al presidente AMLO, se olvide por completo de la historia de los militares en el país y que mire hacia otro lado ante las más recientes violaciones que realizan a los derechos humanos.
En un creciente proceso de militarización en México, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización civil de investigación e incidencia que lleva casi 50 años promoviendo los derechos humanos en el continente americano, presentó la semana próxima pasada un preocupante informe donde se destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realiza un subregistro de las detenciones militares en el Registro Nacional de Detenciones. Esta omisión se suma al espionaje de activistas y periodistas con la herramienta Pegasus, así como el ocultamiento de información sobre la responsabilidad militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El informe detalla también casos de tortura y presuntas ejecuciones arbitrarias por parte de los militares en el gobierno actual. La impunidad sigue siendo la regla.
Por otra parte, de manera increíble el gobierno ha otorgado la gestión de puertos, aeropuertos y aduanas a los militares. Muy pronto contarán con su propia línea aérea que operará desde el AIFA. Concentran hoy un enorme poder que será difícil desmantelar en el futuro. Como lo destaca WOLA: “El Estado mexicano está concentrando cada vez más poder en instituciones conocidas precisamente por su opacidad, y lo está haciendo sin controles civiles adecuados, en un proceso que será difícil de revertir”. Su directora para México, Stephanie Brewer, advierte específicamente: “El poder sin controles es un camino de alto riesgo para los derechos humanos”.
Esto es precisamente lo que ya se ha evidenciado en diferentes momentos de la historia reciente. A pesar de la exigencia del Congreso mexicano de que comparezcan las autoridades militares para explicar responsabilidades en la desaparición de personas, espionajes ilícitos con Pegasus a periodistas y activistas, presupuestos y avances de las magnas obras del gobierno actual, ha existido la sistemática negación de hacerlo porque cuentan con el apoyo de Morena, fuerza mayoritaria en el Congreso y con la del propio presidente AMLO. Aquí no solo existen violaciones a las leyes sino también a los derechos humanos.
Una breve mirada del Proyecto de Egresos de la Federación para el próximo año, muestra de manera contundente las prioridades del actual gobierno. Comparo solo algunos rubros: la educación crece 1%; las universidades públicas estatales crecen 0%; el programa para el desarrollo docente crece 0% (en un momento en que se está cambiando el modelo educativo y que se requiere una intensa capacitación); becas de posgrado y SNI crecen 0%; así también, la Secretaría de Salud reduce su presupuesto en 55.8% con relación a este año que concluye con 30 millones más de compatriotas sin servicios de salud. En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional incrementa en 121% su presupuesto y para cerrar con broche de oro: se solicita un techo de endeudamiento de casi dos billones de pesos, una cifra histórica, cuando ya se terminaron todas las reservas y fideicomisos, pero que el gobierno necesita en un año electoral para comprar la voluntad de los votantes.
Regresemos al tema de un golpe militar. En otro momento me he autoproclamado “agorero del desastre” porque he llamado la atención de la sociedad mexicana sobre la posibilidad de que exista en el proceso electoral más importante de la historia el próximo año, una probable intervención del ejército y de los cárteles de la droga (que ya lo han hecho en algunos comicios locales), ante una elección muy disputada entre la candidata del gobierno y la candidata de la oposición. Los alcances de esta intervención son difíciles de prever. Aún tenemos tiempo de parar esto con todas las armas legales y jurídicas a nuestro alcance y, por supuesto, nuestro voto masivo el 2 de junio del próximo año será el mejor antídoto ante tanta ignominia y autoritarismo.
