Luisa y Viviana Franco, hijas del ex dirigente estatal del PRD y ex secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, denunciaron que el juez de Primera Instancia Especializado en la Ciudad de Tuxpan, Edgar Gutiérrez Gómez, intenta entregar a su hermana menor a su madre, Guillermina Alvarado, “a sabiendas de que ésta la ha violentado”.
En una conferencia de prensa en el centro de Xalapa, las jóvenes acusaron que el juez incumple una resolución federal y contraviene su propia resolución, “en la que negó la convivencia a nuestra madre con nuestra hermana menor desde 2021, derivado de los actos de violencia que ella ejercía”.
Manifestaron que así como ha sucedido con su padre, al que el gobierno de Veracruz persigue por cuestiones políticas y lo ha vinculado a proceso por nueve delitos, “también nosotras hemos sido perseguidas, han abierto carpetas en nuestra contra sin sustento”.
“Mi abuela, Luisa y yo, fuimos denunciadas 16 meses después por nuestra madre por el hecho de cuidar a mi hermana menor. Hemos recurrido a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como con jueces en materia civil, quienes hasta el día de hoy han hecho caso omiso a nuestras denuncias.
“Pero lo más grave de esta encarnizada persecución lo estamos viviendo en este momento, pues el juez de lo familiar, de nombre Edgar Gutiérrez Gómez, ahora intenta entregar a nuestra hermana menor a nuestra madre, a sabiendas de que ésta la ha violentado y que incluso, constan dictámenes periciales y entrevistas por un juzgado civil y también en la Fiscalía donde se da cuenta de ello”, expuso Viviana Franco, quien señaló al juez Edgar Gutiérrez Gómez de actuar arbitrariamente.
Destacó que desde que Rogelio Franco fue privado de su libertad en marzo de 2021, “nuestra abuela obtuvo el Depósito Judicial de nuestra hermanita. En aquel entonces, se determinó que de acuerdo a lo que nuestra hermana le había manifestado al Juez y a la Secretaria en las diligencias y entrevistas, enlazados con los peritajes psicológicos, se había acreditado una necesidad que tenía como objetivo proteger a nuestra hermana y resguardarla bajo el cuidado de nuestra abuela”.
Posteriormente, en diciembre de 2021, el propio juez Gutiérrez Gómez emitió una resolución en la que negaba la convivencia de Guillermina Alvarado con mi hija menor, “por los señalamientos que ella realizó respecto a que es ella la persona que la ha violentado física y emocionalmente”.
“A inicios de julio de 2023, nuestra madre presentó un escrito en ese mismo expediente solicitando la convivencia y obtuvo respuesta por parte del Juez de referencia en tan solo cuatro horas con diez minutos, en la que determinaba las convivencias sin mayor estudio del asunto ni consideración de los peritajes psicológicos, ignorando, además, la resolución que dictó él mismo en diciembre del 2021. Es decir: la seguridad, estabilidad, salud física y psicológica y, en pocas palabras, la vida de nuestra hermana, se decidió arbitrariamente en unas cuantas horas”, expuso.
El pasado 4 de agosto, un Juez federal ordenó suspender de forma definitiva las convivencias entre la menor y su madre, “en atención a la violencia que ciertamente hemos acreditado. Pese a ello, el pasado viernes se publicó una resolución en el mismo expediente, en la que el juez Edgar Gutiérrez Gómez ordena entregar a nuestra hermanita a su violentadora”.
“Por tanto, se deduce que si un Juez Federal está ordenando la suspensión de las convivencias en atención a la violencia que nuestra hermanita ha sufrido, mucho menos se debería permitir que ella sea entregada a manos de su violentadora; pero el Juez de referencia parece no darle importancia y emite una determinación contraria, ordenando de manera arbitraria que nuestra hermana sea entregada a nuestra progenitora, sin considerar que existe un juicio en curso en el que ya se determinó, desde el inicio, que la Guarda y Custodia Provisional recaía a favor de nuestra abuela hasta la sentencia del mismo y nuestra madre no impugnó en tiempo dicha determinación”, puntualizó Viviana Franco.
Explicó que a mediados del año 2020, la menor, en ese momento de siete años de edad, “llegó a vivir con nosotros ya que había sido golpeada y sometida contra su voluntad a un exorcismo por cuenta de nuestra madre, situación que nuestra hermana manifestó de viva voz al Juez familiar”.
“A pesar de todo lo mencionado, en julio y agosto de este año, el titular del citado Juzgado Cuarto de Primera Instancia, de forma pronta y expedita, ha emitido grandes acuerdos en los que no considera ni valora la totalidad de constancias y elementos que obran en los expedientes 2045/2021 y 149/2022, relativos al depósito judicial y al juicio de Guarda y Custodia respectivamente; acuerdos que, de manera probada, son violatorios de los derechos de nuestra hermanita.
“Durante el desarrollo del proceso civil, los exhortos girados para notificar a nuestra madre de las demandas de Guarda y Custodia, así como de Pensión Alimenticia instauradas en su contra, no han tenido la misma rapidez que la brindada para resolver las peticiones presentadas por nuestra madre. Es decir, ya pasó un año y no han ‘podido’ notificarle para que cumpla con la resolución de Pensión Alimenticia provisional. Y lo repetimos con indignación y de forma enérgica: un año en el que le demandamos su incumplimiento de tres años de su obligación de proveer alimentos, vestido, salud y educación”, aseveró.
Mencionó que previo a la salida de Rogelio Franco del penal para ir a prisión domiciliaria, un Juez le prohibió convivir con su hija más pequeña, a pesar de que si le permitían visitarlo en prisión. “Imaginen la emoción que tenía porque nuestro padre iba a ser liberado y finalmente estaríamos juntos. Tener que decirle ‘papá viene para casa pero tenemos que llevarte a un hotel a dormir y mañana regresas a Tuxpan, porque no puede verte ni comunicarse contigo. Imaginen los sentimientos que tiene mi hermana por no poder abrazar a nuestro padre”, expresó.
“Resulta irónico. En prisión podía visitarlo. Ahora no y sorpresivamente, quieren obligarla a estar con mi madre, cuando ella la violentó y expuso su integridad en repetidas ocasiones”, reclamó.
Viviana Franco preguntó al juez Edgar Gutiérrez Gómez: “¿por qué no citó a nuestra hermana a comparecer y escuchar su sentir, si se trata de una menor violentada? ¿Por qué hizo caso omiso a la información que está dentro de los procesos? ¿Acaso no es obligación de los Jueces Familiares allegarse de todas las constancias posibles para resolver en asuntos sobre menores de edad? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Dónde queda el Interés Superior del Menor?”.
“Existe una declaración ante el mismo juzgado en la que mi hermana expresa los hechos y afectaciones que vivió al estar cerca de mi madre y que está integrada en el depósito judicial, así como en la demanda de Guardia y Custodia. De igual manera, cuando nuestra hermana fue entrevistada ante la Fiscalía Especializada y le fue realizado otro peritaje psicológico, en la misma Carpeta de Investigación que nuestra madre inició 16 meses después por sustracción y retención de menor, el dictamen resultó contraproducente para ella, pues se confirmaron los grandes daños psicológicos que ha sufrido nuestra hermana.
“Nosotras recibimos a nuestra hermanita golpeada por nuestra madre cuando quiso exorcizarla y ahora el juez civil con esta determinación, la pondrá en riesgo sin importarle lo que le pueda pasar. A esto se suma que después de tres años decidimos demandarle pensión alimenticia a mi madre y hasta ahora no ha cumplido porque el mismo juez se ha negado a notificarle”, relató.
“Mi hermanita ha sido violentada y hoy preguntamos a la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado: ¿dónde se ejerce el Interés Superior del Menor? Se supone que la Fiscalía de Veracruz y jueces están para protegernos e impartir justicia; no obstante, lo único que nos han hecho es arrebatarnos la paz y tranquilidad que tanto anhelamos.
“¡Basta ya de decir que apoyan a las mujeres, cuando aquí estamos dos mujeres y una menor de 10 años a las que su propia madre continúa violentando jurando ser la víctima, cuando ha quedado por demás demostrado, tanto en la opinión pública como en los procedimientos legales correspondientes, que es al contrario! Nosotras, por muchos años callamos pero no es fácil. Después, interpusimos denuncia penal y la Fiscalía de Veracruz no ha movido un dedo.
“Exigimos al Poder Judicial del Estado de Veracruz que no conviertan a nuestra hermana en una moneda de cambio, como pago a nuestra progenitora por los servicios que ha prestado para hacerle daño a mi padre. Ella presume que tiene el apoyo total de la administración estatal y en este caso no queríamos creerlo, hasta que conocimos esta aberración jurídica que estamos viviendo y nos está haciendo tanto daño. ¡No es justo exponer a una menor, no es justo pagar favores políticos con la paz, la vida y la integridad de una menor!
“Gobernador del Estado de Veracruz: por primera vez nos dirigimos a usted, que en repetidas ocasiones ha manifestado ser un férreo defensor de las mujeres. Hoy solicitamos su intervención para que no se cometa la mayor injusticia en contra de nuestra familia. Han sido mucho los abusos que han cometido en contra de nuestro padre.
“Solicitamos que nuestra hermana sea escuchada en todos los procesos que la involucran, tal y como lo establecen los Tratados Internacionales y los ordenamientos locales en materia de Derechos Humanos e Interés Superior del Menor. ¡Solicitamos que nuestros asuntos sean tratados con perspectiva de género y de infancia! Nuestra hermana corre peligro, como en su momento lo tuvimos nosotras y por eso decidimos alejarnos de nuestra madre y de su casa.
Viviana Franco afirmó que con esta resolución no solo dañan a su padre, sino a toda su familia y en particular, a su hermana menor. “Indudablemente y de nueva cuenta confiamos en que será el Poder Judicial Federal quien garantice el pleno respeto del interés superior de nuestra hermana menor y exhibirá, en su momento, la arbitrariedad con la que está actuando el juez Edgar Gutiérrez Gómez. A él lo hacemos responsable de lo que pudiera sucederle a mi hermanita, si continúa emitiendo este tipo de resoluciones y acuerdos arbitrarios, sin análisis y sin ir al fondo del asunto”.
