Luego de la resolución de una Jueza federal que ordenó liberar y dejar insubsistente el proceso penal contra la jueza local Angélica Sánchez Hernández, las representantes de los tres poderes del Estado de Veracruz se lanzaron en contra del Poder Judicial de la Federación.
Como si fueran empleadas del Ejecutivo y no representantes de organismos autónomos, las presidentas del Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia, así como la fiscal general, se presentaron en rueda de prensa convocada el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para atacar la decisión y acusar a los jueces federales de liberar delincuentes.
Cuitláhuac García Jiménez acusó una supuesta “protección” a delincuentes por parte de jueces federales que “mediante amparos chuecos, han vulnerado los derechos de las víctimas e ignorado el dolor de sus familias”.
Como si fuera experto en derecho, afirmó que muchos de los argumentos jurídicos “versan en desconocer principios básicos de la ley y sobre todo en relegar la justicia, que es el asunto de fondo”, mientras que lamentó que en la últimas tres semanas hayan sido liberadas 33 personas vinculadas a proceso, de las cuales 21 fueron aprehendidas por homicidio, pederastia, secuestro y violación.
“El caso de la jueza Angélica ‘N’ no es ni el primero ni el único; quizá sí, uno en el que los lazos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación quedan muy claros y al descubierto”, dijo, al tiempo de sostener que esta situación “rompe con el Estado de Derecho y lastima a la sociedad” y demandar que se detenga “esta perversidad y no se siga solapando a los jueces que han incurrido en excesos, generando más violencia contra las víctimas”.
La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, pontificó diciendo que “lamento los tiempos en que la política, parafraseando a Hans Kelsen, se vuelve el primer obstáculo del Derecho y la Justicia. Hoy se ven claras las intenciones maliciosas y perversas con fines políticos”.
La presidenta del TSJEV, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, manifestó que “como representante del Poder Judicial del Estado de Veracruz, me resulta necesario externarle a la sociedad veracruzana, mi preocupación respecto del actuar de los juzgadores federales por cuanto hace al otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales en contra de la prisión preventiva”.
Finalmente, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, aventuró que “en los últimos 10 días la justicia federal ha protegido y amparado no a las víctimas, no al pueblo, ha protegido y amparado a más de 30 presuntos delincuentes, entre ellos acusados de violación, pederastia, secuestro y homicidio. La gota que derramó este vaso de impunidad, es la reciente liberación sospechosa y ofensiva de una jueza que protegió y liberó a un peligroso delincuente”.
Todo esto luego de que con fundamento en el derecho, la jueza federal Daniela María León Linarte resolvió que el gobierno de Veracruz desacató una suspensión provisional que impedía que la jueza Angélica Sánchez Hernández fuera detenida por segunda ocasión el pasado 16 de junio en la Ciudad de México y le señaló responsabilidad al juez de control Roberto Santos Maldonado Morales, quien también ignoró la suspensión y libró orden de aprehensión en contra de la jueza Sánchez, fijó medida cautelar de prisión preventiva justificada y la vinculó a proceso, por lo cual, declaró insubsistente todo el proceso y ordenó la liberación de la enjuiciadora.
