La ley a conveniencia
Por Javier Solórzano Zinser
El destino nos alcanzó en materia electoral. El proceso adelantado es la manifestación de una nueva realidad política en el país y de prácticas impositivas sin importar las secuelas.
Las cosas se han precipitado, lo cual pasa por tratar de asegurar el 2024 por parte del Presidente, y por tener mecanismos que permitan responder a la dinámica que se ha venido estableciendo en términos políticos, la cual cuestiona, con razón, lo que durante un tiempo tuvo vigencia.
Cualquier cambio en materia electoral solamente adquiere trascendencia en la medida en que sea establecido a través de consensos. Los intentos en que de manera unilateral se aprobaron, en un primer momento con el Plan A y posteriormente con el Plan B, si bien tenían que ver con propuestas para diseñar nuevos mecanismos en el proceso electoral, también eran parte de una imposición en donde a pesar de que se desarrollaron diferentes instancias de diálogo en el Congreso para escuchar a todas las voces, ninguna de ellas fue considerada a profundidad.
Estos años hemos vivido bajo el síndrome del no se puede cambiar ni una coma. El rechazo en la Corte, más allá del contenido de los planes, se basó en las prisas y el desaseo legal con el cual se desarrolló aquel famoso “viernes negro”, como fue calificado por la oposición.
Cada vez que el Presidente tiene la posibilidad de quejarse o inconformarse porque no se aprobaron sus proyectos despotrica contra la Corte, sin considerar las irregularidades en que se dieron las cosas.
Su estrategia se ha venido estableciendo a través de darle vueltas a las leyes con tal de no dejar de decir lo que quiere. El “no lo dije yo” es la manifestación acabada de lo que López Obrador hace a través de terceros para darle vuelta a las leyes todas las veces que le sea necesario y así poder manifestarse como quiere.
El INE, particularmente su presidenta, está tratando de atemperar las cosas, pero también le da por hacerse a un lado ante los vaivenes en los que estamos. La consejera del INE Claudia Zavala no le dio vuelta a las cosas, a diferencia de la titular del Instituto, dejando en claro su opinión sobre lo que está pasando, estamos, dijo, ante una afrenta al Estado de derecho.
El planteamiento presidencial en el sentido de que le coartan la libertad de expresión va teniendo cada vez más eco entre sus furibundos seguidores. El problema no está ahí, está en una normatividad que si bien se va reconociendo cada vez como insuficiente hoy es la que nos rige.
Cumplirla es una forma de organizarnos y, sobre todo, de tener reglas claras ante un proceso electoral que va quedando claro que en términos de lo que está pasando, el INE tendrá que hacer cambios y adaptaciones para lograr consensos, sobre todo, para que no se le vaya de las manos el proceso como en los hechos está sucediendo.
Lo que nos rige es una ley que como se ha dicho en innumerables ocasiones fue estructurado a través de consensos y fundamentalmente con la fuerza y apoyo, paradójicamente, de quien hoy gobierna. Es claro que lo que durante un tiempo fue útil y permitió el equilibro electoral está dejando de tener vigencia.
Está a la vista que se requiere un nuevo concepto electoral. La cuestión está en que tenemos que darnos tiempo, análisis y debate para ello. Es importante que el INE establezca acuerdos básicos, pero no debe permitir la evasión de la ley bajo pretextos que tienen que ver con el argumento de que “lo pide el pueblo”.
Hay cosas que hoy se pueden hacer. Lo que lleva a grandes riesgos es que el INE sólo se la pase asomándose por la ventana para ver qué pasa o que los actores políticos no respeten la ley a la cual de seguro apelarán ganen o pierdan.
RESQUICIOS.
Se siguen sumando opiniones contra lo que está provocando una parte de la construcción del Tren Maya. La mayoría de los críticos no son pseudoambientalistas ni cosa parecida, son académicos y científicos reconocidos además de las evidencias de lo que está pasando con el medio ambiente.
