Por Carlos Tercero
Las encuestas en los procesos electorales han pasado, de ser una herramienta de medición y soporte estratégico en la toma de decisiones y calibración con fines de rentabilidad electoral, a una dinámica, un utilitario más de la promoción de partidos y candidatos; práctica evidente en las recientes elecciones a la gubernatura de los estados de México y Coahuila.
En ambos casos, la guerra de encuestas enfiló baterías a incidir en la opinión pública, en el ánimo del electorado. En el EdoMex, se abusó de los spots en tiempos oficiales por parte del equipo de campaña de la candidata y hoy gobernadora electa, que intentando posicionar contundentemente la idea del triunfo basado en los datos y resultados de distintas casas encuestadoras, generaron un efecto inverso en el electorado, manifestado en forma de abstencionismo bajo la lógica de ¿para qué ir a votar si ya está decidido el triunfo?
En Coahuila, el fenómeno fue diferente, pues si bien siempre se manifestó el triunfo holgado del hoy gobernador electo Manolo Jiménez, la realidad superó por mucho el margen de triunfo, atribuido según diversos analistas a un sesgo o vicio oculto en el levantamiento de las encuestas, atribuible a que la ciudadanía teme expresar libremente sus preferencias por temor a perder el apoyo de los programas sociales del gobierno federal.
El uso de las encuestas como herramienta de marketing político y estrategia electoral, tiene varias ventajas; en primer término, puede ayudar a los candidatos y partidos a identificar sus fortalezas y debilidades; es información útil para desarrollar una estrategia de campaña adaptada a las necesidades específicas del candidato o partido; y, asimismo, son valiosas para dar seguimiento al progreso y eficacia de las decisiones del cuarto de guerra, guiando los ajustes necesarios; adicionalmente al hecho de que pueden utilizarse para motivar a simpatizantes e indecisos.
Sin embargo; también hay desventajas, comenzando por su impacto en el presupuesto de campaña, lo cual frecuentemente conlleva la disyuntiva entre pagar poco y arriesgar la calidad del estudio, o confiar en los mejores, lo cual representa un costo considerablemente mayor, todo ello dentro de una variedad de éticas y convicciones profesionales, pues es real que no pocas encuestadoras se ven en la necesidad de decirle a sus clientes lo que quieren escuchar, o de lo contrario resignarse al término de sus contratos.
En preparación para esta colaboración, platiqué con el capitán Munguía, viejo amigo y a quien reconozco que, con su discreto y profesional despacho de estudios demoscópicos y sondeos de opinión, ha sorprendido por años a políticos y más de un candidato con márgenes de error del +-1%, e incluso menores, por lo que considero valioso su comentario con relación a que “incluso el Tribunal Electoral del Estado de México hizo un pronunciamiento al respecto, criticando el desempeño de algunas casas encuestadoras, emitiendo una sentencia de amonestación pública a las que triplicaron el porcentaje de la ventaja entre una y otra candidata, que al final fue solo del 8.1%; asunto que sin duda genera serios cuestionamientos hacia quienes fallaron y que igualmente refrenda a las empresas que trabajaron con rigor estadístico en sus encuestas para ofrecer información tal vez sin ‘prestigio’, pero sí con certeza, evidenciando a todas aquellas que salieron del margen de error que ellas mismas publicaron, pues claramente no cumplieron con la metodología (que solo algunas exhibieron), pues han sido hábiles en perpetuar el modelo de negocio de vender resultados de encuestas cuchareadas al mejor postor”.
El uso de las encuestas como estrategia electoral continuará, pues son herramienta poderosa de marketing político para aspirantes, candidatos y partidos que buscan no solo ganar elecciones, sino fortalecer el posicionamiento de sus plataformas, así como la adhesión de simpatizantes y militantes, pues al socializar en el electorado constantemente la celebración de “la encuesta”, mantienen vivo el ambiente e interés político-electoral, al ser tema permanente de la agenda política.
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