Rogelio «N», exsecretario de Gobierno durante el mandato de Miguel Ángel Yunes Linares, obtuvo un amparo y se ordenó su inmediata liberación en el proceso en el que se le acusa de violencia familiar contra su expareja, Guillermina Alvarado.
El amparo en cuestión, identificado como 6/2023, fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz.
La firma legal «Lira & Asociados», encargada de la defensa de Rogelio «N», anunció en sus redes sociales que este es el undécimo amparo que su cliente ha ganado contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
El amparo se interpuso con el objetivo de impugnar la prisión preventiva impuesta al exservidor público el 21 de diciembre de 2022 en el marco del proceso penal 57/2021. En dicha ocasión, la juez Mónica Segovia Jácome decretó la medida privativa de libertad por un año.
Sin embargo, el juzgado federal concluyó que la medida impuesta carecía de fundamentación y motivación, ya que la juez de control sólo tuvo en cuenta los argumentos presentados por la Fiscalía, sin tomar en consideración los argumentos de la defensa.
La juez federal determinó que los argumentos presentados por la Fiscalía para justificar la prisión preventiva no eran suficientes. Aunque la Fiscalía argumentó que era necesario garantizar la comparecencia del exservidor público y que esta medida disminuía el riesgo para Guillermina Alvarado, así como que Rogelio «N» estaba sujeto a otros procesos penales, la juez federal consideró que estos argumentos carecían de respaldo probatorio. Además, la Fiscalía no demostró si la causa penal diversa seguida a Rogelio «N» era acumulable o conexa con el proceso en el que se impuso la prisión preventiva.
En consecuencia, se determinó que la resolución de la juez Mónica Segovia dejó en estado de indefensión al exsecretario de Gobierno, al vulnerar su derecho fundamental a la legalidad, al no contar con la debida fundamentación.
En virtud del amparo concedido, se ordenó a la juez Segovia que en un plazo de 24 horas estableciera fecha y hora para citar a una audiencia de cumplimiento en donde deberá dejar sin efecto la medida dictada en diciembre de 2022 y establecer una o varias medidas distintas a la prisión preventiva.
