Quebradero

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“Ni les contesten el télefono”

 

 

Por Javier Solórzano Zinser

 

El Presidente ha encontrado en algunas instituciones y leyes algo así como un estorbo para desarrollar su proyecto de gobierno.

Quizá ahora a la distancia vaya quedando más claro aquello de “al diablo con sus instituciones”. Desde ese momento López Obrador dejó en claro que los mecanismos de organización a través de las leyes y las instituciones no los compartía, más bien los rechazaba.

En aquel momento pudo parecer más un ataque al sistema político que algo que al paso del tiempo pudiera instrumentarse en actos de gobernabilidad. En las tres ocasiones en que ha participado López Obrador por la Presidencia, ha planteado diferentes proyectos y críticas que al paso del tiempo se olvidaron producto de sus dos derrotas.

En la tercera ocasión en que visualizó su victoria lo que hizo fue asumir, sobre todo en la parte final de su campaña, una actitud marcadamente mesurada quizá pensando que con ello tendría el último empujón que lo llevara a la Presidencia con la certeza de que estaban dadas las condiciones para su triunfo.

A pesar de todos los indicios que se venían dando desde años atrás en que quedaba claro cómo imaginaba y quería la gobernabilidad en caso de alcanzar la Presidencia, poco se reparó en el sentido y consecuencias que podría tener muchos de los planes que tenía el tabasqueño. Algo de ello es lo que estamos viviendo en estos años en que han venido creciendo los riesgos sin dejar de considerar los aciertos.

Lo que ha venido presentándose en los últimos años es que una cosa era lo que López Obrador quería para proyecto, lo cual en el papel adquiría lógica, y otra cosa muy distinta está siendo la singular instrumentación que ha venido haciendo, la cual en algunas áreas empieza a generar secuelas y riesgos difíciles de superar.

La institucionalidad de la sociedad forma parte de una construcción social producto de consensos. El Estado de derecho es nuestra forma de organizarnos y respetarnos, lo cual permite la convivencia y sobre todo tener en este marco estructural la implementación de la justicia. Algunas cosas en el país es evidente que no están bien, más bien están mal. Sin embargo, esto no significa que debamos regirnos bajo la unilateralidad.

El Presidente va buscando cualquier espacio para señalar a las instituciones o estigmatizarlas cuando no responden a lo que quiere. Con la Corte ha entrado de nuevo en un zafarrancho. Está a la vista lo que le molestó, la decisión de no permitir la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, era obvio que esto traería secuelas.

El hecho provocó que de nuevo endilgara todo tipo de adjetivos a las y los ministros, lo menos que les dijo fue corruptos. En el poder de la palabra presidencial estaba el enojo por la decisión de la Corte.

Como al Presidente tampoco le gusta negociar no queda claro qué quiere decir con que la Corte trató de llegar a un acuerdo para tomar la decisión más conveniente ante la separación de la Guardia Nacional de la Sedena. Todo indica que tratando de facilitar las cosas surgió una propuesta paralela a la finalización de la integración entre GN y Sedena; no hay indicio alguno de arrepentimiento o acuerdos en lo oscurito.

El Presidente ha llevado las cosas ¬a tal grado que canceló cualquier comunicación con la Corte pidiéndole a sus funcionarios que “ni les contesten el teléfono”. Como dice Mauricio Merino, no es una mala decisión siempre y cuando se respete la autonomía de cada poder y que cada quien haga lo que tiene que hacer.

El asunto pasa por otros derroteros, porque la reacción del Presidente más que tenga que ver con una división de poderes pasa por los terrenos de la confrontación y de la crítica sistemática a la Corte.

Si se respeta y se cumple con la división de poderes no hay necesidad de ningún telefonazo.

RESQUICIOS.

Viene a la capital otra caravana migrante que a diferencia de otras es representativa y numéricamente significativa. El horror en Ciudad Juárez la acompaña y nos acompañará.