En un análisis realizado a la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2021, por parte del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encontró que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez debe aclarar 9 mil 726 millones de pesos de recursos federales.
Este miércoles, durante una conferencia donde le acompañaron diputadas locales, el también legislador y dirigente partidista, Marlon Ramírez Marín precisó que además el gobierno estatal sigue incurriendo en subejercicio, pues se han devuelto a la Tesorería de la Federación mil 817 millones de pesos.
El diputado local indicó que los reintegros que ha realizado la administración morenista son en el orden de 505 millones 352.1 mil pesos en 2019; por 278 millones 889.9 mil pesos en 2020 y por mil 033 millones 356.3 mil pesos en 2021.
Durante los tres años que se ha revisado el gobierno de García Jiménez, la entidad acumula un posible daño patrimonial en ese periodo por 12 mil 479 millones 520.90 pesos.
se indicó que los montos quedan de la siguiente manera: durante 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó 5 mil 289 millones 389.3 mil pesos; para el 2020, la observación fue por 150 millones 085.8 mil pesos y para la cuenta pública actual, un monto de 7 mil 040 millones 045.8 mil pesos en 2021.
Ramírez Marín dijo que esto no quiere decir «que se hayan robado el dinero», sin embargo, están por aclarar 2 mil 811 millones 460.5 mil pesos en 2019 y 6 mil 914 millones 664.6 mil pesos en 2021, según los informes de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
El líder estatal del PRI, dijo que tan solo de esta última cuenta pública, la administración estatal haya hecho un mal uso de más de 6 mil 914 millones de pesos.
También reprochó que los reintegros que se han hecho a la Federación, aunque en sí admiten que sean devueltos en tanto no se hayan logrado gastar por falta de tiempo, lo que ocurre en el estado de Veracruz es que ha intervenido la ASF porque no se han aclarado diversos montos.
Dijo que derivado de ello, podrían fincarse responsabilidades administrativas sancionatorias por la no aclaración del destino del dinero.
El legislador insistió que el gobierno estatal no presupuestó, por una parte, dinero que debía gastar para pago de adeudos, y por otro, no justificó «como es que pagó, de dónde sacó el dinero para pagar o de qué fondo lo tomó para pagar».
