El Poder Judicial del estado de Veracruz Llave fue requerido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que aclare un gasto irregular por cerca de 350 millones de pesos detectado en la Cuenta Pública de 2021.
De acuerdo con el informe de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz tenía asignados recursos para el rubro de servicios personales por mil 124 millones 865 mil 600 pesos en 2021. Pero al hacer la revisión de lo erogado, se registró un monto por mil 473 millones 982 mil 800 pesos, un incremento por 349 millones 117 mil 212 pesos que están pendientes por aclarar.
Aun cuando la Contraloría del Poder Judicial inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número C/DRSPyQ/IA/457/2022, “queda pendiente de aclarar el importe observado”.
Precisamente en 2021 y tras el arribo de Isabel Romero Cruz a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, se denunció un boquete presupuestal por 500 millones de pesos, el cual fue atribuido a la titular del Poder Judicial estatal y a la directora de Administración, Joana Marlen Bautista, quien a su vez es operadora del subsecretario de Finanzas del estado Eleazar Guerrero Pérez.
