Amlito
Por Javier Solórzano Zinser
Existe una sobreinterpretación de las leyes que lleva a que cada quien vea las cosas a su manera. No solamente se trata del Presidente, también son sus opositores quienes en muchas ocasiones le dan una mirada particular al Estado de derecho, a menudo critican al Presidente con argumentos similares a los que él utiliza.
Éste es un gran tema, porque estamos en tiempos en que muchas cosas están cambiando y en ocasiones las leyes se ven rebasadas, esto nos puede llevar a una especie de ley de la selva o a un terreno en que se expliquen las cosas de manera menor llegándose a utilizar expresiones como “no me venga con que la ley es ley”.
Lo que se haga para cambiar las cosas tiene que pasar por un proceso en donde las instituciones son la clave para ello. No se puede hablar de que las leyes no funcionan y que por ello se puede actuar como eventualmente quiere el partido en el poder, quiera el Presidente o la oposición. Violentar el Estado de derecho instituido y consensuado es colocar a la sociedad bajo un caos organizativo y de convivencia, es perder la civilidad.
Los procesos de cambio requieren de consensos. Las leyes que tenemos por más que a veces parezcan anacrónicas se establecieron de la mano de debates y discusiones, y en particular en lo electoral, el cambio se dio a partir de las demandas de quienes en su momento fueron la oposición. Fueron los partidos políticos y la sociedad civil los que impugnaron con razón muchas de las leyes que nos regían en aquellos años.
Muchas de las leyes que nos rigen en diferentes ámbitos de la vida del país, insistimos por más que nos parezcan anacrónicas, son parte de una realidad en la que estábamos. Después de cada proceso electoral, el Legislativo era el centro del debate por las innumerables experiencias e irregularidades, derivadas de las elecciones.
Los cambios eran propuestos por la oposición. En esta administración es la primera vez en que los cambios electorales son iniciativa de quien gobierna, a lo que hay que sumar que las propuestas no vinieron después de procesos electorales, sino casi al final del sexenio.
Si no nos atenemos al Estado de derecho vigente se pierde la legalidad. Lo importante es cómo resolver aquello que nos permita depurar en la medida de lo posible las elecciones del 2024, y en un segundo momento desarrollar debates que busquen cambios que lleven a una mayor democratización y representatividad.
Uno de los grandes debates, no sólo en nuestro país, tiene que ver por las evidencias de que la democracia y la representatividad tienen que ser cuestionadas Y buscar un cambio profundo que permita ensanchar la participación ciudadana.
Lo que estamos viviendo y lo que se viene va a requerir que los actores políticos se ciñan a lo que hoy nos rige. Si queremos cambiar las cosas busquemos el mejor momento para hacerlo, pero nos meteríamos en un gran lío y en una crisis de credibilidad si cambiamos las cosas sin ton ni son para darle gusto a quien gobierna.
No es un debate menor el tema de los AMLITOS. A fin de cuentas es un asunto que tiene que ver con las leyes que nos rigen y debe quedar claro que no es una ocurrencia. Puede ser efectivamente “ridículo”, pero forma parte de una decisión del año del 2007 en la cual todos los partidos tuvieron un consenso, incluyendo a quienes en aquel tiempo militaban con el PRI y PRD y hoy están con Morena.
Los AMLITOS forman parte de un buen número de controversias que hemos tenido y vamos a tener. Quienes van a estar expuestos son los actores políticos y si alguien termina por quedar expuesto ya son quienes se encargan de instrumentar el Estado de derecho; parece que alguien gana, pero al final nadie gana.
RESQUICIOS.
Se puede estar en favor o en contra de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, pero se tiene que reconocer que ofrece razones por más debatibles que puedan ser. Ayer conversamos con ella, tiene claros los tiempos políticos y si algo tiene claro es que “voy a ganar la encuesta”.
