Por Ruby Soriano
La reciente Ley General de Comunicación Social aprobada al vapor en el Congreso de la Unión es el tema que ocupa las agendas de propietarios de medios de comunicación y periodistas que deshilan los recovecos de una iniciativa del Ejecutivo Federal con dos vertientes a analizar.
Por un lado, el tope publicitario que en su artículo 26 contempla dicha ley donde se establece que los tres niveles de gobierno deberán destinar sólo el 0.1 % de sus presupuestos totales a gastos publicitarios.
La relación prensa-poder ha estado viciada desde hace décadas por los llamados convenios de publicidad que se negocian a la sazón de contubernios, negocios y alianzas que transforman al periodismo en vocerías de estado.
Sin embargo, en la otra vertiente están los convenios lícitos y públicos que se pactan para la difusión de actividades oficiales y que con esta sensible reducción, prácticamente condenan a la desaparición, particularmente a los que operan de manera independiente y sin las anclas del poder monopólico de varios medios de comunicación.
Tal parece que esta ley por un lado pretende frenar los embutes y la corrupción que se anida entre comunicadores y gobiernos, pero la duda persiste sobre todo cuando esta ley de sacrificio al llamado “chayote” seguramente será aplicada como una nueva mordaza para asfixiar a la prensa incómoda.
¿Será que personajes del poder como el propio coordinador de la bancada de Morena en la cámara baja, Ignacio Mier se apegue a la ley para que su periódico Cambio le toque algo de ese 0.1% que deberá destinar el gobierno del estado a su inversión en medios?
La aplicación de esta nueva ley se antoja con un pronóstico selectivo, sobre todo cuando también es una realidad que a varios “periodistas” y comunicadores se les amplía el convenio con la asignación de obras y negocios particulares que en nada tienen que ver con el periodismo y la comunicación.
La Ley General de Comunicación Social desata polémica en un año pre-electoral donde personajes como Claudia Sheinbaum están destinando cantidades millonarias a la promoción de su imagen personal.
Esta situación se replica en muchos lugares del país donde políticos que ejercen gobernanza están derrochando recursos públicos para hacer campañas adelantadas.
Ojalá esta ley planteara una distribución equitativa, equilibrada y transparente del dinero que los gobiernos invierten en medios de comunicación.
La ley chayote como ya se le conoce se vislumbra como el gran garrote para la asfixia de algunos y la simulación para otros que seguramente seguirán viviendo de convertir el periodismo en la maquila de letras a trasiego para encandilar al poder.
@rubysoriano @alquimiapoder
