Avalancha de la destrucción
Por Mónica Camarena Crespo
Ni en la más terrible de las pesadillas imaginamos la rápida destrucción de las instituciones del país, del “pisoteo” a la Constitución.
Hay que aceptar que varios pensamos que otros exageraban, se quedaron cortos, la avalancha para destruir al INE, la encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ejecutan sus serviles legisladores, que sumisos y “agachados” (no todos por cierto) aprobaron leyes sin ni siquiera leerlas, mucho menos entenderlas, por aquello que son inconstitucionales.
Sin diálogo de por medio con las fuerzas políticas, mucho menos con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Plan B de AMLO, tiene como objetivo central, entorpecer la realización de comicios libres, profesionales, transparentes y, sobre todo, controlar al árbitro electoral.
Entre otras barbaridades que se habrán de dirimir en instancias jurídicas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la iniciativa plantea cancelar el 84 por ciento de las plazas que hoy forman el servicio civil de carrera, es decir, los profesionales del INE que realizan todos los procesos electorales.
Se trata de las personas que instalan casillas, urnas, capacitan a funcionarios ciudadanos, insaculan a auditores, presidentes y secretarios de casilla.
Un riesgo más, es que la reforma de AMLO, plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas delicados, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas.
Con el aval de Morena y sus aliados, esos que buscan ser eternos, se concretaron cambios fundamentales propuestos por el presidente López Obrador pues se recortó estructura, presupuesto, percepciones y facultades al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que se denunció por el propio instituto, al advertir que se pone en riesgo la organización de comicios
También se “legalizan” las violaciones de manera recurrente del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe la emisión de propaganda personalizada bajo cualquier modalidad de comunicación social, es decir, que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos.
Lo anterior es a modo de la 4T, pues hasta hoy los presidenciables morenistas “corcholatas” tienen en su contra cientos de denuncias por incurrir en esa irregularidad por sus mensajes, difusión en redes sociales o la existencia de bardas, carteles, espectaculares y otro tipo de propaganda.
AMLO con el Plan B, confirma lo que todos sabemos, busca que nadie los regule, que nadie los castigue, que nadie los frene, lo que importa es mantener el poder y el dinero, que ya sabemos que les gusta y mucho.
Ágora
Desde este espacio deseamos felices fiestas, pero sobre todo salud y armonía familiar. Nos volvemos a leer en enero.
@monicamarena
