Por Ruby Soriano
El país enfrenta una abierta polaridad política ante el riesgo de una reforma electoral que lleve a la disolución del Instituto Nacional Electoral.
El tema no es menor cuando el mandatario del país se ha empeñado en arengar todo tipo de descalificaciones hacia el árbitro de las elecciones en México.
El país vive tiempos de incertidumbre donde las elecciones intermedias del año entrante y la cercanía del relevo presidencial en 2024, nos obligan a exigir garantías democráticas en México.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfrascado en una guerra de descalificaciones en contra del árbitro electoral en México, quien hoy yace amenazado por la cargada del gobierno federal que intentará doblar y comprar a diputados y senadores para que la reforma electoral de AMLO se concrete.
Resulta inverosímil pensar que los vicios del pasado han sido superados y que hoy tenemos un gobierno impoluto incapaz de hacer trampas y trinquetes en las urnas electorales.
La desaparición del INE nos coloca en el gran riesgo de sufrir un gran retroceso democrático, donde las elecciones se vuelvan consultas de Estado, al más puro estilo morenista, donde un voto cuente sólo si es a favor del mandatario o de su partido.
Los ciudadanos en México hoy hemos sido testigos de las recientes irregularidades suscitadas en procesos electorales donde la mano de la delincuencia forma parte del fondeo de campañas y están presentes en la selección de candidatos.
En México debemos desterrar los riesgos de un autoritarismo que vulnere la democracia y nuestros derechos como ciudadanos.
Las campañas adelantas que estamos presenciando se organizan con todo cinismo y descaro desde las estructuras gubernamentales donde la opacidad en el manejo de los recursos públicos, permiten el derroche de dinero del pueblo, a razón de posicionar a los ungidos del Presidente.
La sociedad civil se ha sumado al rechazo de la oposición hacia una medida que sin duda tiene tintes autócratas que restaría –aún más- credibilidad a los procesos electorales en México.
La demagogia presidencial está a tope para empujar una reforma trastocada por el interés de favorecer a un solo partido (Morena), torciendo y aniquilando de facto, la función que debe tener un árbitro electoral.
La batalla no es menor y el país está fragmentado en una crisis política que advierte serios reveses para el bando gubernamental y también para los opositores.
Las cúpulas políticas resultan incapaces de hacer frente a un debate que urge involucrar a una sociedad que quiere opinar y diluir como un hecho, la palabra presidencial.
Hace unos días, la no primera dama Beatriz Gutiérrez decía que “algunos se sienten dueños del INE”, frase que fácilmente le podemos revirar al decirle que otros se sienten dueños del ejército.
La propuesta contenida en la reforma de elegir a los consejeros electorales vía una consulta popular ciudadana, abre el riesgo de incrustar en el máximo órgano electoral a militares, delincuentes y por supuesto, esquiroles presidenciales que sólo carguen los dados a favor de los resultados electorales que convengan al gobierno en funciones.
Estamos frente a una disyuntiva en la democracia mexicana.
No sólo bastan marchas, se necesita actuar en consecuencia y frenar la posibilidad de una dictadura disfrazada que durante 70 años padecimos en México. Hoy la izquierda presidencial pretende disfrazar de reforma una intentona para darle a nuestro país, el riesgo de perder esa autonomía para elegir a nuestros gobernantes en elecciones democráticas.
@rubysoriano @alquimiapoder
