Emilio Cárdenas Escobosa
El objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador se consiguió y las fuerzas armadas estarán a cargo de las tareas de seguridad pública en el país hasta el año 2028.
La iniciativa formalmente planteada por el PRI pero que como se confirmaría después fue elaborada por el gobierno de la 4T pasó finalmente la aduana del Senado, donde gracias a las presiones del oficialismo y sobre todo al tamaño de la cola de prominentes legisladores priistas y perredistas fue finalmente aprobada al sumar los votos que faltaban para lograr la mayoría calificada que era requerida.
El dictamen que fue aprobado incluyó modificaciones al dictamen original como la presentación de informes semestrales sobre las tareas de las Fuerzas Armadas; la creación de una comisión bicameral que los analice, dictamine y tenga la facultad de citar a los titulares del gabinete de Seguridad a comparecer, además de que a partir del ejercicio fiscal 2024, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, quizá el punto más destacado.
En una sesión escandalosa donde abundaron los insultos y las descalificaciones, el debate se dividió entre quienes reclaman que el gobierno federal fue incapaz de construir una Guardia Nacional civil, así como fortalecer a las policías locales, pese a que fue su compromiso desde 2019, y quienes creen que no hay de otra, que permitir a las Fuerzas Armadas continuar en las calles hasta 2028 o atestiguar el agudizamiento de la violencia, los enfrentamientos y el terrible problema de inseguridad en que estamos inmersos.
Pero el fondo del debate y lo que se cuestionan muchos mexicanos es si vale la pena el riesgo de seguirle dando poder al Ejército. Porque como lo resumió el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, lo que sigue es que “El próximo presidente de México, para que gobierne, tendrá que domar a las Fuerzas Armadas”.
De ahí que la decisión del mandatario de eliminar el carácter civil de la seguridad pública es explosivamente riesgosa.
Porque si bien es cierto que la delincuencia está mejor armada y pareciera mejor capacitada que cualquiera de las policías municipales, estatales y/o federales, que quedan muy reducidas ante la capacidad de fuego del crimen organizado, el riesgo de abdicar de fortalecer mandos policiacos civiles –en aras de la pretendida austeridad republicana, como ha ocurrido en el gobierno lopezobradorista- y dejar todo en manos de las fuerzas armadas es entrar en un laberinto que puede resultarle muy costoso al país en los próximos años.
Porque la pregunta que queda en el aire es qué gobierno futuro o qué mandatario se atreverá a retirar todas las prebendas que han recibido los militares. Ese es sin duda el legado del gobierno de López Obrador a quien le suceda y que es, a todas luces, una herencia envenenada.
Aún más, diversas agencias de la ONU han advertido que cuando las policías dependen de militares o las fuerzas armadas están al frente de tareas de seguridad, al no contar con esquemas de revisión y no llevar juicios civiles por su fuero militar, son más proclives a abusar de los derechos humanos, de acuerdo a la experiencia internacional. Y si nos detenemos a analizar datos recientes de las violaciones a los derechos humanos que ello conlleva, encontramos que de enero de 2019 a junio de 2022, ha habido al menos 61 casos de desaparición forzada cometidos por fuerzas federales: 28 del Ejército, 27 de la Marina, ocho de la GN y tres de la extinta Policía Federal, según información de la Fiscalía General de la República.
La cuestión es que tras la reforma aprobada, pese a que se señalan mecanismos de revisión del accionar de las fuerzas armadas, el control de las fuerzas armadas por parte del gobierno civil es débil, en términos de que respondan por su conducta, si consideramos que los titulares de la marina o la defensa nacional han dejado en el aire invitaciones o citatorios para reunirse con legisladores.
Y ello se corrobora al observar que luego del hackeo a los sistemas informáticos de la Sedena que llevó a la sustracción de miles y miles de archivos, imágenes y videos que comprometen la seguridad nacional y tras que el presidente López Obrador minimizara el hecho y asegurara que no se abriría investigación alguna para deslindar responsabilidades, pasó casi una semana para que se informara que la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados “analiza”, esto es, que apenas lo está pensando, solicitar la comparecencia del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, para que explique el daño que le ha causado a la institución el hackeo a su sistema informático.
Lo que queda claro es que, dígase lo que se diga, en México se confirma que en términos de rendición de cuentas el Ejército es intocable. Y a ello contribuye con toda la fuerza del poder el presidente López Obrador, de quien no entendemos la fijación que tiene por los militares, ya sea por el carácter popular de la institución armada o que en su imaginario se siente un Francisco I. Madero redivivo que debe cuidarse de los militares.
La tradición civilista que ha mostrado el Ejército en la historia reciente de México no los exime de apetitos o ambiciones de poder. Y más cuando desde el 2018 se les ha compartido una porción enorme del pastel.
El presidente de México se salió con la suya y ahora ya encarrerado, no lo dude ni tantito, sometidos sus opositores, va por la Reforma Electoral.
Se va cumpliendo la lista de prioridades.
