En su Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2021, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) detectó inconsistencias administrativas y financieras en el Poder Judicial estatal que formalmente encabeza Isabel Romero Cruz, pero en realidad controla la directora General de Administración, Joana Marlen Bautista Flores.
Para la nómina del Poder Judicial en el año 2021 se presupuestó un gasto de mil 124 millones de pesos, pero se acabaron gastando mil 476 millones de pesos, un aumento en la nómina de más de 351 millones de pesos, ocasionando con ello un millonario déficit presupuestal.
También se detectaron irregularidades en la asignación directa de contratos millonarios por parte de la Dirección General de Administración del Poder Judicial, así como deficiencias en la operación de las Ciudades Judiciales de Martínez de la Torre, Papantla, Medellín y Tuxpan.
Asimismo, el Orfis detectó seis obras con contratos por un monto superior a los $13 millones de pesos, cinco de las cuales fueron adjudicadas por asignación directa y una por el esquema de invitación restringida a cuando menos tres empresas.
