Por Rafael Arias Hernández
Tema central, obligación de siempre es atender, cuidar y vigilar evaluación, fiscalización y Contraloría social, de todo tipo de gobierno; y, en particular, del trabajo realizado por los gobernantes, funcionarios y servidores públicos de actualidad.
Fiscalizar, es un derecho ciudadano y social y, a la vez, una obligación institucional y del servidor público a cargo.
Lo grave es cuando el fiscalizar se corrompe, para no cumplir con su deber y dejar hacer y dejar pasar hechos y actividades condenables.
Luego entonces fiscalizar al fiscalizador es más que un derecho, es una obligación. Los primeros que deben enfrentar la ley son aquellos que, debiendo cumplir y hacer cumplirla, no lo hacen y se pasan de listos.
Así que no debe extrañar que se exija poner atención y ocuparse de todas las actividades gubernamentales; y en particular, de todo lo relativo a informes de resultados, su seguimiento y control, su evaluación y fiscalización, así como la disponibilidad, uso y destino de los recursos públicos y, desde luego, del ejercicio de las atribuciones institucionales. ¿Qué y cómo lo ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son los resultados, respecto a los deberes y obligaciones que se deben cumplir? ¿Dónde están los resultados y las acciones de los fiscalizadores bien pagados? ¿Qué hacen aparte de hacer como que hacen?
En este contexto, se sabe que el combate a la corrupción es una obligación ineludible, de largo alcance y permanente esfuerzo, porque simple y sencillamente es innegable que su activa presencia influye negativamente, deformando y trastocando, hasta constituirse y caracterizar, a múltiples y diversas formas, de esa nueva realidad alterada delincuencialmente.
La fiscalización es identificada, como una de las actividades orientadas principalmente al combate y erradicación de la corrupción, porque ésta alienta y fortalece la descomposición del orden establecido y afecta a la sociedad. Violar, ignorar, distorsionar y no aplicar las leyes, se ha convertido en una de sus características.
Fiscalización, según el Gobierno mexicano, “es el proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y beneficios económicos, adecuación programática y endeudamiento en cada uno de los entes de la administración pública y los Poderes de la Unión, en cada ejercicio fiscal. Implica controlar las actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad…” (http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=274)
Las preguntas surgen de inmediato. ¿Por qué no se hace uso eficiente y oportuno de los órganos y las instituciones fiscalizadoras? ¿Quiénes las dirigen y en ellas trabajan son cómplices o simuladores? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Sirven?
Así que hay que asegurar que la fiscalización no pase a ser parte de la simulación, la distracción, el entretenimiento o la complicidad. Y concretamente, que cuando menos sostenga, el seguimiento y control de la administración pública y el gobierno.
Además, a la corrupción, siempre es oportuno abordarla y enfrentarla, ya que, a fin de cuentas, debe hacerse por la importancia de los daños y alteraciones que causa, quebrantando la ley y afectando el orden establecido; y debe insistirse, y no debe olvidarse, que es notorio que la corrupción está presente en múltiples aspectos económicos, políticos y sociales, de los que debe y tiene que ser erradicada. Hacerlo no es fácil, ni rápido pues como se sabe y se dice, es parte de una cultura dañina, que caracteriza muchas actitudes y costumbres, que casi desde siempre se padecen.
¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes estamos obligados a participar en este singular esfuerzo? ¿Con que medios y para que objetivos?
Preguntas que cada uno nos debemos hacer; sobre todo, para decidir y actuar en consecuencia, ya que atender y resolver este tipo de asuntos públicos, exige presencia y participación, real y efectiva. Los problemas no se resuelven solos; y sí, en cambio para atenderlos, pueden exigir presencia y participación ciudadana y social en su solución.
Para empezar, debe hacerse público tanto el peligro posible, como el daño causado. Bien se sabe que es imprescindible difundir el o los problemas existentes; y, en particular, crear o contar con un espacio libre y abierto, plural y objetivo, donde se conozca del o los problemas, sus causas y alcances.
Espacio propio para análisis y estudio, diálogo y debate público, orientados a aprovechar disposición y experiencia, aportaciones y soluciones posibles, trabajos, de amplias y numerosas contribuciones hechas por académicos e instituciones, observadores y activistas, especialistas y público general, que hoy están presentes y participan.
Fiscalizar es un derecho humano, que exige de presencia y participación ciudadana y social. Lo malo no se arregla solo, ni por voluntad propia. Corregir el error exige evaluar y considerar lo bueno y lo malo, el acierto y el error, el avance y el retroceso.
Fiscalizar es vigilar que se aplique la ley, que se cumpla con objetivos, compromisos y deberes establecidos, para consolidar y mejorar lo bueno y el logro alcanzado; y también, para identificar el error, su daño y posible retroceso.
Fiscalizar hoy y aquí, a todo servidor público. Urge identificar y reconocer el buen trabajo realizado, son pocos o contados los casos, pero los hay.
-Academico.IIESESUV
@RafaelAriasH
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