Amnistía Internacional manifestó que la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), a causa de las visibles contradicciones entre ésta y la Fiscalía General de la República (FGR), ponen en riesgo los avances logrados y amenazan con retrasar aún más el acceso de las familias de los estudiantes a la verdad, a la memoria y a la justicia.
El fiscal de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció el 27 de septiembre de 2022 denunciando indebidas injerencias en la investigación luego de hacerse público que la FGR se desistió de 21 órdenes de aprehensión solicitadas, de las cuales 16 eran en contra de militares a quienes se les acusaba de haber participado en los hechos de hace ocho años.
“Los problemas surgidos dejan en total incertidumbre a las familias de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general. Las graves diferencias surgidas entre las distintas autoridades deben resolverse para evitar que la impunidad se perpetúe en este caso tan emblemático para México. Es imperativo también mantener a las familias de los estudiantes plenamente informadas y en el centro del proceso de toma de decisiones, no solo por la transparencia que se debe mantener con ellas, sino también para garantizarles su derecho a la verdad, y a una reparación integral de los enormes daños que han vivido a lo largo de estos ocho años”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“No podemos tolerar más retrasos en la investigación. El Estado mexicano debe generar las condiciones para avanzar en las investigaciones, respetar la autonomía e independencia del trabajo de la Unidad Especial de Investigación, así como asegurar que contará con los recursos tanto humanos como materiales necesarios para realizar su trabajo. Asimismo, debe garantizar el debido proceso, para evitar cualquier error que impida el desarrollo de los procesos judiciales y pueda poner en riesgo el derecho a la justicia y la sanción de quienes resulten responsables de este atroz crimen”, señaló a su vez Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Avances y retrocesos
El pasado 26 de septiembre se cumplieron ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Sin embargo, hasta el día de hoy las familias siguen sin poder conocer la verdad de lo que sucedió y acceder a la justicia.
En los últimos cuatro años, el Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos encaminados a esclarecer lo que ocurrió a los 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos, tales como la creación de la Comisión para La Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) y de la UEILCA, dependiente de la FGR.
Recientemente, la Covaj-Ayotzinapa presentó avances importantes en el caso, como el reconocimiento de que los hechos ocurridos en Iguala fueron un crimen de Estado, así como la probable participación del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes.
A lo anterior se suman las revelaciones hechas a finales de septiembre de 2022 por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), sobre la comunicación que mantenían integrantes de un grupo criminal con elementos del ejército, la marina y policías locales de Iguala y Cocula, antes de que sucediera la desaparición de los jóvenes normalistas.
Estos vínculos, además de otros hechos en los que se ha visto involucrado el ejército mexicano acrecienta el cuestionamiento sobre la idoneidad de que las fuerzas armadas sigan al frente de tareas de seguridad pública en el país, independientemente de otras actividades que corresponden de manera directa a instituciones del Estado creadas ex profeso para ello.
La UEILCA ha logrado la detención de autoridades de alto nivel que podrían tener responsabilidad en las desapariciones y ha girado diversas órdenes de aprehensión contra otras autoridades, incluyendo a militares.
Las contradicciones entre la UEILCA y la FGR se hicieron públicas a partir de la decisión de esta última de cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La información dada a conocer da cuenta también de la probable participación de elementos militares en la desaparición de los estudiantes.
Los avances en la investigación del caso pudieron lograrse gracias a la independencia con que trabajó la UEILCA, además de que ésta se integró con un equipo de personas dedicadas exclusivamente a llevar el caso, encabezadas por un fiscal que contó con la confianza de las familias de los estudiantes y que era acompañada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El caso avanzó además porque se cuidó la forma de comunicar la información, de tal forma que no se afectara ningún proceso judicial y el debido sigilo que se debe tener en todo tipo de investigación judicial.
Por ello, Amnistía Internacional consideró urgente que las instituciones del Estado garanticen la autonomía e independencia de la UEILCA y atienda las injerencias denunciadas ya que estos hechos, además de frenar una vez más la investigación, acrecientan la zozobra y la desesperanza en las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos ante los constantes tropiezos de la investigación, que retrasa cada vez más el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño que todas y todos anhelamos. Asimismo, Amnistía Internacional llama al Estado a que no adopte represalias ni haya criminalización en contra del Fiscal Especial ni de los funcionarios de la UEILCA que trabajaban de manera independiente en el caso.
Los datos oficiales evidencian la estrecha relación entre el aumento de la presencia de las fuerzas armadas en seguridad pública y el incremento de las desapariciones forzadas en el país: 97 por ciento de las 105 mil personas desaparecidas en México se han registrado en los últimos 16 años.
De acuerdo con datos de la CNDH, de 2019 a 2022 se reportaron 58 quejas por desaparición forzada, de las cuales el 55 por ciento son en contra de fuerzas militares.
“A 16 años de instaurada una política de militarización de la seguridad pública del país, los datos evidencian que la crisis de derechos humanos no aminora”, sentenció el organismo.
Amnistía Internacional también hizo un llamado urgente al Estado mexicano para desarrollar e implementar un plan de retiro ordenado, progresivo y verificable de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública con miras a garantizar la no repetición de hechos como los ocurridos en Ayotzinapa.
