Quebradero

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Ayotzinapa. El otro informe

Por Javier Solórzano Zinser

En las primeras versiones que corrieron sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala se señalaba al presidente municipal José Luis Abarca y a su esposa como responsables.

La mediática persecución en su contra ratificó las presuposiciones del papel que habían jugado. Los encontraron en Iztapalapa presumiéndose que miembros de su partido, el PRD, les habían ayudado a esconderse.

A partir de su detención se pensó que se cerraba la pinza y que se conocería el destino de los estudiantes; sin embargo, el matrimonio había sido detenido por el asesinato de un líder local.

Sin soslayar la importancia de este homicidio resultaba contradictorio que se les haya buscado de la manera en que se hizo por este caso, todo indicaba que la razón de esta movilización se debía a su responsabilidad de la desaparición de los normalistas, como lo reportó el informe presentado por Encinas.

El caso ha estado marcado por la confusión. Se detuvo a un buen número de personas, las cuales seguramente fueron partícipes de los hechos, y recordemos que no había día en que no se informara de detención clave.

Mientras todo esto sucedía, los Abarca estaban detenidos sin quedar claro el porqué. El tiempo los fue pasando a segundo plano, porque fue tal el desaseo que se llegó a perder de vista el rumbo, los Abarca entraron en los terrenos del “olvido” y hasta parecía que no tenían nada que ver.

El terreno político fue prevaleciendo, tanto entre aquellos que sacaban raja a lo sucedido como de quienes investigaron el caso, quienes trataban de cerrarlo lo más pronto posible. Todos los actores políticos, gobierno y oposición ofrecían soluciones en medio de una confusión que parecía provocada.

La versión oficial fue sistemáticamente cuestionada y por más que no se hablara del tema el caso era una carga para Peña Nieto de la cual no se libró.

El expresidente nunca entendió la relevancia y trascendencia de lo que estaba pasando. Las reuniones con los padres de familia de los normalistas fueron anticlimáticas y a decir de algunos profundamente insensibles. El caso creció por su importancia en sí mismo, pero también por el cúmulo de contradicciones, desaseo, violaciones al debido proceso, tortura, intimidación y toda una serie de irregularidades que fueron poco a poco conociéndose.

Con todo esto de por medio, los innumerables críticos del gobierno encontraron uno de los mejores mecanismos para enfrentarlo, en medio de la solidaridad de diferentes grupos, activistas y defensores de derechos humanos.

Al igual que con el tema de la Casa Blanca, la desaparición de los normalistas se convirtió en una definición política del gobierno de Peña Nieto, más allá de los innumerables actos de corrupción que han sido documentados.

El informe que ha venido presentando Alejandro Encinas tiene la ventaja de que se investigan de nuevo los orígenes en que se estaba secuestrando a los normalistas. Insistimos que hay elementos en el documento que fueron presentados en el informe oficial, presumimos que por más filias y fobias que existen fueron tomados en cuenta.

El problema está en cómo demostrar lo que se está señalando. La detención de Murillo Karam es una prueba de ello, no se aprecian elementos para justificar sus presuntas responsabilidades, sin que por ello esté exento de haber sido partícipe de una investigación que terminó en la confusión, la opacidad, la discrecionalidad y la violación de los derechos de quienes se presume, con razones, fueron los responsables de la desaparición de los muchachos.

Hay que demostrarlo para que por fin padres de familia puedan tener una relativa paz, y para que demuestren que son diferentes y no como los otros.

RESQUICIOS

Este día regresan a clase millones de niñas y niños. Es importante porque se formalizarán las clases presenciales. En las próximas semanas se va a echar andar el nuevo plan educativo que estará sistemáticamente a prueba, no hay buenos augurios con este proyecto.