El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) relativo a la “ejecución de procesos de fiscalización, supervisión, control y vigilancia, por parte de distintas instancias estatales, sobre la empresa concesionaria denominada Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S. A. P. I. de C. V. (Grupo MAS).
En el documento referido, se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y a la Secretaría de Salud estatal a que ejecuten dichas acciones derivadas de un anteproyecto presentado por el diputado Fernando Arteaga Aponte el pasado 25 de mayo.
La y los integrantes de la Jucopo suscribieron el proyecto de Arteaga Aponte para que se “garanticen el acceso, la disposición y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en las mejores condiciones de suficiencia y salubridad, como un derecho humano básico de las y los veracruzanos”.
Sin embargo, en la correspondencia del día de esta misma sesión, se recibió un oficio sin número, de parte de “representantes diversas organizaciones”, en el que se solicita “la extinción de la concesión” otorgada a Grupo MAS dado que “se han presentado irregularidades en la prestación del servicio de agua y saneamiento en los municipios de Boca del Río, Medellín de Bravo y Veracruz”.
La mesa directiva turnó el oficio a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento “para su atención procedente”.
