La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ofreció una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de cuatro personas cometida por elementos de la dependencia durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Ello en cumplimiento de la Recomendación 170/2020, emitida el 4 de noviembre de 2020 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por los hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2015 y acreditados por el organismo autónomo, en los cuales policías estatales participaron en la captura de los jóvenes Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Elester Torres Barradas, Camilo Efraín Silva Gómez y Carlos Arturo Rojas Valencia –en el marco del operativo denominado Blindaje Coatzacoalcos–, quienes aún son buscados por sus familiares.
El titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, manifestó el compromiso de “dar cumplimiento a las medidas de reparación derivadas de los actos de violaciones graves a los derechos humanos, desaparición forzada y daño a la integridad personal en agravio de los referidos”, y a nombre de la institución ofreció una disculpa a las familias de cada joven y reconoció “con profundo pesar los agravios cometidos”, al tiempo de refrendar la garantía de reparación integral del daño y de no tolerar ni repetir, “bajo ninguna circunstancia”, estos actos de violación a los derechos humanos en la Secretaría.
A su vez, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que al tomar la titularidad del gobierno estatal también asumió “todas las responsabilidades inherentes”, y se refirió a la necesidad de “actuar consecuentemente” para “asegurar que no se repitan estas fallas” que el Estado cometió en el pasado.
“Queremos que se sepa en todos los rincones de la entidad, del país y más lejos: no pueden repetirse estos hechos que causaron mucho dolor”, dijo García Jiménez, cuya administración ha recibido numerosas recomendaciones de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos por los diversos abusos que ha cometido en los más de tres años y medio del sexenio, algunas de las cuales ha ignorado deliberadamente.
Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que echar abajo la reforma al Código Penal que tipificó el delito de ultrajes a la autoridad, precisamente porque resultaba violatorio de los derechos humanos.
A pesar de las disculpas, la administración de Cuitláhuac García continúa cometiendo abusos de autoridad y violaciones flagrantes a los derechos de manifestación, de tránsito y hasta de afiliación y participación política, además de incurrir en fabricación de delitos en la Fiscalía General del Estado, como lo demuestran varios hechos recientes, como la represión y persecución a motorrepartidores, la intimidación de policías estatales a manifestantes en la plaza pública y el hostigamiento a transeúntes que se denuncian cotidianamente.
