Por Miguel Casillas
La convocatoria de parte de la administración central de la Universidad Veracruzana para diseñar un nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica es un despropósito pues carece de fundamento y legitimidad. Es también un salto al vacío y un riesgo enorme para la UV.
Las autoridades convocan a proponer reformas sin ninguna base, pues no hay un diagnóstico sobre las carencias y limitaciones de la actual Ley Orgánica que justifiquen su actualización; tampoco hay una explicación fundada sobre los elementos que deberían imperiosamente actualizarse en función de la nueva Ley general de educación superior; menos hay -como fundamento- un nuevo diseño institucional, en el gobierno, en sus fines o en su organización que justifique una nueva Ley.
Recientemente, en la Universidad Pedagógica Nacional han organizado un congreso con amplia participación de la comunidad de todas las sedes, que durante más de un año ha discutido y construido consensos sobre las funciones, el régimen de autonomía y sobre la homologación de las condiciones del trabajo académico. En otras muchas instituciones, la discusión sobre su Ley Orgánica supone un amplio debate sobre la base de un diagnóstico y una propuesta de rediseño institucional. En la UV no es así; se quiere inventar una nueva Ley como si fuera un asunto de su actualización simplemente porque tiene muchos años, cuando está en juego la precisión de las funciones, objetivos y la misión institucional, cuando se puede modificar la estructura y la organización académica, cuando se tiene que precisar el tipo de gobierno que rige a la Universidad, entre otros aspectos estructurales.
En la UV el procedimiento es equívoco, replica los peores métodos de simulación de la administración anterior al convocar a una consulta abierta a la comunidad a través de unos foros y una página web, desde lo cual, quién sabe quién hará la selección de quién sabe qué, bajo su propio criterio, sin mayor reflexividad, ni libre exposición de las ideas y sin debate entre la comunidad. No hay criterios que orienten a los miembros de la comisión del Consejo Universitario que deberán integrar las propuestas; y cuando logren tener un acuerdo ¿qué tan legítimo y fundado podrá ser? El problema de una nueva Ley es que requiere de una enorme legitimidad y ésta sólo se construye como resultado de una amplia participación de la comunidad.
Por lo demás es un riesgo enorme abrir la definición de una nueva Ley dada la actual composición y la correlación de fuerzas en el Congreso el Estado. En principio carecemos de un movimiento universitario unificado que defienda la postura de la Universidad, porque ésta no se ha construido con un procedimiento democrático en el que la comunidad se sienta identificada. El control absoluto de Morena no augura una discusión plural, abierta, que entienda los argumentos de la Universidad; desafortunadamente en la actualidad, muchos de los valores y preceptos de la 4T contravienen el espíritu autónomo de la universidad, el sentido de su trabajo académico y crítico, el valor del trabajo y el esfuerzo escolar como vía del progreso de las personas. Por lo demás, no hay garantías para respetar la autodeterminación de los universitarios y es previsible que a cualquier diputado se le ocurra cualquier cosa y busque incorporarla en la Ley universitaria.
Por lo anterior es indispensable que el Consejo Universitario General suspenda la consulta en los términos que se han formulado y que se inicie una verdadera y profunda discusión sobre el presente y el futuro de la Universidad. La nueva Ley debe derivar del acuerdo universitario sobre un nuevo diseño institucional.
Para favorecer una reflexión universitaria seria, es indispensable que la oficina de la Abogada General presente a la Universidad un diagnóstico sobre las carencias y limitaciones de la actual Ley Orgánica que justifican su actualización. En el mismo sentido, deberá presentar una justificación fundada sobre los elementos que deberían, en su caso, actualizarse en función de la nueva Ley general de educación superior.
Según la experiencia histórica de otras instituciones, la Universidad Veracruzana debería convocar a un congreso universitario que actualice los fines y la misión institucional y discuta una nueva forma organizacional y de gobierno para la Universidad. Dicho congreso debería favorecer la construcción colegiada de una nueva visión para la UV, a través de amplios procesos de participación y consulta a los universitarios sobre temas específicos, de tal manera que se construya progresivamente una perspectiva que cohesione a los universitarios en torno a un proyecto de desarrollo institucional que a su vez sostenga una nueva Ley Orgánica.
El propósito debería ser construir un gran consenso institucional para diseñar la universidad del futuro. Ello sólo se logra sobre la base de un diagnóstico crítico sobre la situación actual que considere las limitaciones e insuficiencias de la actual Ley Orgánica, también es ineludible la participación de todos los miembros de la comunidad de todas las regiones y entidades. Para llevar a cabo tan importante actualización es indispensable un liderazgo con visión, con conocimiento del sistema universitario mexicano y de la propia institución; según mis convicciones debería estar a favor de una descentralización que fortalezca académicamente a las regiones y genere una mayor pertinencia social, que oriente una renovación organizacional, que busque la democratización del gobierno y amplíe la participación de la comunidad en la gestión.
En Veracruz ya hemos aprendido que la simulación de una consulta democrática esconde siempre aviesos intereses. Sólo falta que las autoridades quieran sacar de la chistera un nuevo proyecto de Ley Orgánica acorde a sus gustos y creencias. Como antes, como ayer, sabremos resistir la imposición autoritaria y evitar un madruguete.
