Dada la apatía del público, el Gobierno está dedicado a la promoción del referendo en escandalosa violación a la ley de revocatoria del mandato que el propio partido hizo aprobar en el parlamento.
Por Alberto J. Olvera
En marzo, las coyunturas nacional e internacional han complicado el ejercicio de Gobierno del presidente López Obrador, dando como resultado la creación de un ambiente de incertidumbre sobre el futuro inmediato y una sensación de pérdida de gobernabilidad.
Resalta en esos días la dificultad de hacer participar a la ciudadanía en el cuestionable referéndum de ratificación de abril, que hipotéticamente debe confirmar la popularidad del presidente. En otro frente, los factores económicos anuncian la profundización de una crisis en marcha: las finanzas públicas se enfrentan a un formidable reto dado el aumento del precio internacional de los combustibles; hay una parálisis de la inversión privada derivada de la aún incierta Reforma Eléctrica y del debilitamiento de la recuperación de los países europeos y de Estados Unidos como consecuencia de la guerra (de lo cual dependen nuestras exportaciones).
Además, se constata cada día la patente inviabilidad de los proyectos emblemáticos del presidente, tanto en términos económicos como por la imposibilidad de que se terminen en tiempo y forma (a pesar de que el gobierno gasta discrecionalmente en ellos).
Para completar el cuadro, la reanimación del movimiento feminista, el hartazgo de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada ante la parálisis del Estado y las tensiones crecientes derivadas de la violencia en no pocos estados de la República demuestran que hay una franca descomposición de las relaciones sociales en varias regiones, que se acompaña de una fragmentación política que afecta al propio partido de gobierno y que se pretende recomponer mediante artilugios distractores como la campaña por la ratificación de mandato.
El factor central de la creciente ingobernabilidad es la violencia cada vez más intensa en los estados de Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Colima, Zacatecas, Sonora y Tamaulipas, en los que el crimen organizado es ya el poder hegemónico en regiones enteras. Los asesinatos de periodistas -y en general la violencia criminal- han aumentado desde el principio del año, sin que los gobiernos estatales ni el federal articulen una respuesta adecuada al tamaño del reto.
La violencia contra las mujeres se ha incrementado sin que el presidente reconozca siquiera el problema. Siguen apareciendo fosas clandestinas en muchas partes del país, por lo que el Gobierno reconoce que padece una “crisis forense”, es decir, una incapacidad estructural para reconocer los cuerpos, darles nombre y entregarlos a sus deudos.
La ausencia de una estrategia de seguridad y de una política de construcción de paz es tal vez el déficit más imperdonable de este Gobierno, que ha ignorado sistemáticamente la gravedad de la crisis de violencia y de derechos humanos que vive México. Esta omisión está cobrando un precio cada vez mayor, tanto a nivel internacional (véanse las críticas del Parlamento Europeo, los informes de agencias de Estados Unidos y de la ONU) como interno, pues al fin la debilitada y casi ausente sociedad civil empieza a reanimarse, produciéndose en estos días una interesante confluencia entre el movimiento feminista, el de los colectivos de víctimas y el de protección a periodistas.
La patente ausencia del Estado en materia de seguridad solo es igualada por la incapacidad del mismo en materia de salud. El colapso del sistema nacional de salud, causado por la simultaneidad de la pandemia, el desabasto de medicinas y la desinstitucionalización de los sistemas públicos de salud, no solo no se ha resuelto, sino que se le ha agregado ahora una improvisada política de centralización/federalización al intentar pasar todos los sistemas de salud estatales al control del IMSS, sin que haya las condiciones financieras ni organizacionales para ello. Los pobres son los que más han padecido y padecen la sumatoria de ocurrencias del gobierno en este campo, y la dimensión real de esta tragedia en términos de vidas aún está por conocerse.
En este campo empieza a organizarse también una resistencia desde una sociedad civil emergente. La irresponsabilidad del gobierno tiene su manifestación más patente en los megaproyectos impulsados por el presidente. El nuevo aeropuerto se inaugura sin que haya accesos al mismo, lo que lo convierte en un elefante blanco, además de que está por verse si realmente será compatible la simultaneidad de su operación con la del aeropuerto viejo. La refinería de Tabasco está en camino a duplicar su costo estimado y no se sabe cuándo realmente podrá entrar en funciones. El Tren Maya es un desastre en todos los frentes: planeación, ecología, finanzas públicas e ingeniería. La suma de violaciones a la ley, irresponsabilidades, improvisaciones, conflictos de interés y corrupción dura y pura, han hecho de este proyecto un agujero negro por el que se han ido y se seguirán yendo miles de millones de pesos que se le han quitado a la salud, la educación y la seguridad de los mexicanos, todo en aras de un capricho presidencial. En la Península de Yucatán crece también la resistencia civil al megaproyecto y va adquiriendo más organicidad y unidad.
No es extraño entonces que la jugada del referendo revocatorio que nadie pidió, y que fue reconvertido por el Gobierno en un caprichoso acto de ratificación de mandato -por lo demás innecesario y demagógico-, esté resultando en un fracaso político estrepitoso. No hay interés alguno de la ciudadanía en un referendo que busca únicamente satisfacer el ego del presidente y poner a prueba el aparato electoral de Morena. Dada la apatía del público, el Gobierno está dedicado, desde hace semanas, a la promoción del referendo en escandalosa violación a la ley de revocatoria del mandato que el propio partido Morena aprobó en el parlamento, y que explícitamente prohíbe la intervención de los funcionarios públicos en la promoción del mismo y de los “logros” del Gobierno.
En desesperada acción, las Cámaras de Senadores y Diputados han aprobado recién una precipitada reforma a la ley que declara legales, ya en pleno proceso electoral, las acciones de funcionarios en favor de la ratificación del presidente. No solo es inconstitucional cambiar una ley electoral cuando el proceso ya empezó, sino inmoral, puesto que la transición a la democracia en México se fundó en el establecimiento de una pesada reglamentación que evitara que el gobierno autoritario del PRI usara al aparato de Gobierno para obtener ventajas en los procesos electorales.
Pues bien, Morena es ahora ya, descaradamente, el partido oficial, el nuevo PRI al servicio del presidente, que está usando el aparato de Estado para acarrear votantes al referendo, recurriendo para ello a las viejas tácticas priístas: obligar a los beneficiarios de la política social a ir a votar, forzar a los funcionarios públicos federales, estatales y municipales a convertirse en operadores electorales, y mandar a diputados y senadores a movilizar a sus bases clientelares.
La penosa mentira de que existen supuestas “organizaciones civiles” que misteriosamente pagan la costosa campaña publicitaria del referéndum resulta vergonzosa y contradictoria con el declarado rechazo de López Obrador a la sociedad civil.
La “Cuarta Transformación” se ha convertido en una caricatura de sí misma. Lejos de cambiar el sistema político, López Obrador y su partido Morena han avanzado sustancialmente en la restauración del viejo régimen, al menos en lo que se refiere al presidencialismo centralizador, la subordinación de los gobernadores y alcaldes, la existencia de un partido oficial que es una mera oficialía de partes del presidente, la más completa falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la intolerancia autoritaria a la prensa crítica y a todo movimiento social u organización de la sociedad civil que no se pliegue a las órdenes presidenciales.
Por fortuna, el creciente autoritarismo empieza a ser resistido en varios frentes, dando pie a un incipiente renacimiento de una sociedad civil autónoma, en la que destacan el movimiento feminista, los colectivos de víctimas, las ONG especializadas en la lucha contra la corrupción y las que defienden derechos humanos, así como los movimientos populares locales que resisten los megaproyectos y la violencia criminal.
Este artículo fue publicado originalmente en El País. Agradecemos a su autor la autorización para reproducirlo.
