Un juez federal resolvió que el Congreso no tenía facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana, y declaró inconstitucional el impedimento de 10 años que se impuso a los altos mandos del Gobierno, para que no puedan trabajar en empresas a las que regularon.
Abel Méndez, uno de los dos jueces que tramitan amparos por este tema, estableció que el Congreso requería una habilitación específica en la Constitución para legislar en materia de «austeridad republicana», pues se trata de una política de Estado que tiene que estar prevista en la Carta Magna para evitar confusiones en cuanto a la forma en que se deben ejercer los recursos públicos.
El juez concedió el primer amparo contra esta ley, promovido por un ex funcionario del sector financiero, al que la Sofom Consupago le negó un empleo en septiembre de 2021, porque no habían pasado 10 años de que salió del Gobierno.
Méndez también se pronunció sobre el artículo 24 de la ley, que estableció el candado de una década.
«El plazo de 10 años es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan», afirmó.
«Por el grado de especialización, la experiencia del personal de mando superior puede ser relevante para la iniciativa privada, pero el plazo de diez años genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades reales de contratación», agregó el juez.
El Gobierno impugnará la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, que tiene agendado para mayo discutir una acción de inconstitucionalidad de diputados de Oposición, que impugnaron múltiples temas de esta ley, incluida la facultad del Congreso para emitirla.
De ser confirmado el amparo, Consupago tendrá que reconsiderar la solicitud de empleo, sin tomar en cuenta el candado de diez años. El nombre del ex funcionario que promovió el amparo ha sido censurado en todas las notificaciones de este litigio.
Si la Corte no reúne los ocho votos para anular el candado de diez años, de todos modos podría conceder amparos en casos individuales, pues para ello solo se requieren seis votos en Pleno, o tres votos en las Salas.
La Ley de Austeridad entró en vigor en noviembre de 2019, y si bien algunos ex funcionarios promovieron amparos desde ese momento, este es el primer caso en el que un empleo en el sector privado fue negado por la regla de los diez años.
