Fabricantes de armas pidieron a un juez estadounidense desestimar la demanda del gobierno mexicano que los acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, provocando miles de muertes, y por lo cual pide 10 mil millones de dólares como resarcimiento.
Armeros como Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co señalaron que México busca “castigarlos” por la venta de armas de fuego «que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en los Estados Unidos».
Las compañías, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc, argumentaron que México usar los tribunales estadounidenses para eludir una disputa diplomática con el gobierno de Estados Unidos, pero que carece de la capacidad para demandarlos.
La demanda sostiene que más de 500 mil armas son traficadas anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68 por ciento son fabricadas por las armeras demandadas.
Además, sostiene que las compañías violentaron las restricciones a la posesión de armas en México al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar que sabían que llegarían a los cárteles de la droga.
Las compañías argumentaron que México no pudo establecer que sus daños fueran atribuibles a ellos y que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas ampara a los fabricantes contra demandas por el uso indebido de sus productos.
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