Al menos 8 de los 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt están citados a comparecer como indiciados por la Fiscalía General de la República, a partir de este martes y a lo largo de los próximos días, en el caso de delincuencia organizada y lavado por el que se negó su aprehensión.

El primero de ellos es Rafael Pando Cerón, ex director de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt, quien está requerido para este martes a las 13:00 horas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO).

Para el miércoles y jueves están citadas Julia Tagüeña Parga y Patricia Zúñiga Cendejas, ex coordinadora y fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), respectivamente, entre otros académicos y científicos.

Genny Franco Martínez, fiscal de la Unidad Antilavado de la FEMDO, es la responsable de emitir los citatorios para que comparezcan en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/?0000222?/2021, según notificaciones a las que se tuvo acceso.

Algunos de los indiciados tienen en común haber solicitado desde hace tiempo a la FEMDO tanto el acceso a la carpeta de investigación como ser citados a declarar ante el Ministerio Público Federal, con la finalidad de aclarar las imputaciones.

La FEMDO nunca los llamó a declarar previo a que el 24 de agosto pasado solicitara por vez primera la orden de aprehensión a un juez de Almoloya de Juárez, Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

En aquella ocasión, el juez de control Gregorio Salazar devolvió a la Fiscalía el expediente porque consideró que los jueces de control federal de dicha localidad no eran competentes para tramitar el caso, porque los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en la Ciudad de México y no en el Edomex.

El 20 de septiembre, la Fiscalía volvió a pedir las aprehensiones, pero esta vez el juez las negó, al estimar que no existía ninguno de los delitos imputados, en virtud que los recursos que fueron señalados como ilícitos en realidad estaban previstos en las normas del Conacyt.

La Fiscalía trató de imputar a los 31 ex funcionarios por los 244 millones de pesos que el Conacyt supuestamente le entregó de forma ilícita al FCCyT, de enero de 2013 a junio de 2019.

Según la FGR, el Foro fue creado como una asociación civil ajena a la estructura del Conacyt, antes de que estuviera previsto en la norma. Sin embargo, para el juez ese financiamiento estaba previsto en el Estatuto y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.