Con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) determinó un posible daño patrimonial superior a mil 880 millones de pesos.
Sin embargo, el grueso de las observaciones se concentró en los ayuntamientos, a los que se cargan posibles desvíos de recursos por mil 703 millones de pesos. Mientras que a las dependencias y entes estatales solo les señalaron irregularidades constitutivas de presunto daño patrimonial por apenas 171.6 millones de pesos durante el segundo año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
En total, se emitieron mil 994 observaciones de presunto daño patrimonial: 159 a entes estatales, mil 814 a entes municipales y 21 a entidades paramunicipales.
Asimismo, fueron practicadas 863 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las cuales 314 auditorías fueron en materia financiera-presupuestal, 226 técnicas a la obra pública, 62 de deuda pública y obligaciones, cinco integrales de legalidad y una sobre el desempeño, así como 88 evaluaciones de participación ciudadana y 167 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones municipales.
La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, entregó este jueves a la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior derivados de las auditorías practicadas a las cuentas públicas del ejercicio 2020, a los entes fiscalizables estatales y municipales de la entidad.
