Organismos de la sociedad civil de defensa de la libertad de expresión y derechos humanos, así como activistas, periodistas y profesorado, sentenciaron que las tres órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 integrantes de la comunidad científica y académica, por supuestos delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, representa una persecución irracional del órgano procurador de Justicia.
En un posicionamiento público signado por organismos como Artículo 19 –que también ha estado en la mira de los embates del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por criticar sus sistemáticos ataques a periodistas- enfatizaron que las acciones de la FGR pueden configurar “un preocupante episodio del uso faccioso del aparato de procuración de justicia, para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión”.
Señalan que los delitos que se les imputan a las y los académicos, además de ser desproporcionados, van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
Puntualizan en ese sentido lo que al respecto establece la UNESCO: “el personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la libertad académica, es decir, la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas”.
Los organismos aseveraron que la persecución por la vía penal dirigida por la FGR a académicos/as e investigadores/as es desproporcionada “en tanto no se tomaron en cuenta los efectos sociales e inhibitorios en el ejercicio de los derechos humanos en cuestión”.
“Hay un vínculo directo entre la libertad de realizar investigación científica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a gozar de la aplicación y beneficios generados por dicha información. Los efectos inhibitorios y ampliados causados por la persecución penal terminan por impactar también en el ejercicio de estos derechos. Asimismo, este efecto inhibitorio tiene impactos amplios que no se limitan al ejercicio de derechos de los particulares imputados, sino que tiene una dimensión social que impacta a la comunidad científica y a la sociedad en un sentido amplio”, expusieron.
En función de lo anterior, los firmantes del pronunciamiento exigieron a la FGR “cesar el hostigamiento dirigido en contra de investigadores/as a través de la persecución penal y, en caso de existir conductas reprochables, se haga mediante una calificación jurídica adecuada, e incluso se agoten de manera previa otras vías como la administrativa. De este modo, las tareas de investigación por parte del Estado evitan que éstas tengan efectos inhibitorios en el ejercicio de derechos humanos de los particulares y también efectos de dimensión social”.
“Resulta preocupante el uso y abuso del subsistema en materia de delincuencia organizada, perfilando la criminalización de las personas académicas bajo herramientas tan laxas y violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa o el poder mantener a las personas detenidas lejos de su domicilio.
“Más preocupante aún es la pretensión de sujetar a las científicas y científicos a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esto es un uso irracional del derecho penal, contrario a los principios democráticos.
“El uso de los recursos de los que se vale la FGR para encarcelar a 31 académicas/os acusándolos de cometer delitos de alto impacto resulta ominoso, frente a un escenario de impunidad masiva por violaciones graves a derechos humanos. En la actualidad tenemos más de 92,000 personas desaparecidas en el país, no hay una disminución de la impunidad en delitos que lastiman tanto a la sociedad, como homicidios dolosos, secuestros y gran corrupción.
“La persecución de 31 académicos/as muestra dónde están las prioridades del Fiscal General de la República en el país, mientras que continuamos viviendo una grave violencia causada también por la impunidad.”
Los organismos y personas firmantes del documento son las siguientes:
Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Borde Jurídico
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
Observatorio de Designaciones Públicas
Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México)
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Eliana García. Activista de derechos humanos
Marcela Villalobos Andrade
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Mariclaire Acosta Urquidi
Jorge Javier Romero Vadillo
Juan Martín Pérez Garcia
Diana Iris García miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México
Daniel Vázquez
Denise Dresser
Magdalena Acosta Urquidi
Mauricio Fortes Besprosvani
Clemente Romero Olmedo
Susana Camacho Maciel
Raymundo Sandoval
Paula Saucedo Ruiz
Lourdes Morales, Red por la Rendición de Cuentas
