Proyecciones financieras para la educación superior hacia el 2022

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Por Miguel Casillas

Por fin, desde la aprobación de la Ley general de educación superior, el gobierno federal propone en su Proyecto de Egresos un aumento en el presupuesto y una partida para impulsar la ampliación de la matrícula y la gratuidad de los servicios que estaban en uno de los transitorios de la Ley y era parte de un acuerdo con las universidades e instituciones de educación superior.

El proyecto PEF 2022 propone un incremento de 1.5% en el subsidio federal para el conjunto de las IES federales. La mayoría tienen incrementos ligeramente por arriba de la inflación estimada para 2022 (3.7%). Destacan los incrementos reales del subsidio federal para la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea (5.5%); el IPN, 3.2% (más de 1,300 millones que el año anterior) y para la UNAM 1.1% (más de 2 mil millones que el año anterior).

A la UAM le tocarán más de 300 millones y al Cinvestav más de 100 millones que el año anterior. En el caso de las universidades autónomas estatales, UPEAS, Universidades interculturales, Universidad abierta y a distancia de México, Institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas, se propone también un incremento real del subsidio federal ligeramente por arriba de la inflación esperada.

Además se asigna un monto de 752.9 millones de pesos para apoyar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Se asignan 751.3 millones para apoyar proyectos de desarrollo académico e infraestructura en las Escuelas Normales. Se mantiene la operación de los dos programas de becas vigentes para educación superior: 4,334 millones al Programa de Becas Elisa Acuña (169 millones más que en el PEF 2021); y 10,584 millones al Programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro (407 millones más que en el PEF 2021). Para el Fondo de Aportaciones Múltiples para infraestructura en las IES públicas, el Proyecto estima un presupuesto de 5,127 millones, que significa un incremento de 518.7 millones más respecto al monto asignado en 2021.

Además de la gratuidad de los servicios, los objetivos de la política pública para incrementar la matrícula no se reducen a la ampliación del primer ingreso universitario, sino comprenden la ampliación de la permanencia y del egreso. Por eso mismo el dinero fresco que llegará a las instituciones debe ser utilizado con pertinencia respecto de los objetivos y estar asociado a proyectos de innovación que garanticen maximizar sus beneficios.

Hay que racionalizar el uso de estos recursos y buscar que cumplan sus objetivos. Con la digitalización de los procesos administrativos pierden sentido el costo de muchos servicios, como el costo de títulos, constancias, certificados y otros más. Si nos deshacemos de la lógica del capitalismo académico que se nos impuso durante 30 años, no tienen ningún sentido los gastos de inscripciones y exámenes: hay que desplazar del sentido común de académicos y administradores la idea de que los estudiantes son clientes, y como tales objetos del lucro.

Sería ridículo y no habríamos aprendido nada de los meses de encierro durante la Pandemia si las instituciones quisieran aplicar las tradicionales proporciones de gasto por alumno, sobre la base de un cálculo de espacios físicos en salones e instalaciones, docentes y otros recursos educativos convencionales. Es la hora de la gratuidad de los servicios, y de impulsar el crecimiento de la matrícula y la ampliación de la permanencia y el egreso, con base en la innovación.

Cada institución debería convocar a proyectos de innovación específicos, asociados con los objetivos de la Ley de conformidad con sus misiones y características institucionales. Estos proyectos deben contar con un sistema preciso de indicadores. Por ejemplo, en relación con la gratuidad, se deben clasificar los distintos servicios para determinar un proceso gradual de cancelación de su costo, pues muchos de estos recursos sostienen gastos que la institución debe ajustar.

En cuanto a la ampliación de la matrícula no es suficiente el indicador del número de estudiantes, pues la Ley establece que debe ampliarse la participación de mujeres y de estudiantes de origen indígena y afrodescendiente, y por tanto deberán establecerse metas institucionales específicas. La ampliación de la permanencia y del egreso se sostiene con becas, pero debe estar asociada con la mejora de las condiciones de estudio, con el acompañamiento y tutoría especializada, con proveer de recursos educativos a los estudiantes más pobres.

Pero la innovación institucional no debe mirar sólo hacia el interior sino considerar su aportación hacia el conjunto del sistema de educación superior. En ese sentido, para construir un espacio nacional de educación superior desde cada IES deberíamos de poder cooperar y contribuir con las fortalezas de cada una; entre otras cosas habríamos de diseñar cursos y experiencias educativas virtuales de acceso universal, gratuito y reconocimiento crediticio por parte de las IES, capaces de acercar los recursos del aprendizaje, las exposiciones magistrales, los conocimientos, las habilidades y saberes específicos a miles de estudiantes.

También es necesaria la cooperación de las IES en la construcción de un repositorio nacional de recursos educativos digitales, que favoreciera el acceso universal de los estudiantes del espacio nacional de educación superior a los libros, artículos, bases de información y otros recursos educativos.

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