Integrantes de la comunidad científica de diversas instituciones demandan que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) detengan la persecución que han emprendido contra 31 investigadores del gremio.
A través de una petición en la plataforma Change.org, los científicos se refieren a una acusación de supuesto manejo de recursos ilegalmente obtenidos del Conacyt realizada por su titular, María Elena Álvarez-Buylla, contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Este señalamiento, reclaman los investigadores, habría derivado en la solicitud ante un juez en un penal de máxima seguridad por parte de la FGR para que los 31 científicos fueran aprehendidos, aun cuando existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia que había desestimado la acusación inicial.
«La defensa legal de las 31 personas involucradas en la acusación (la de Álvarez-Buylla) se vio apoyada por la sentencia MI/SS/D/9941/2021, emitida el 17/8/2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos para la operación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C., desde su creación en el año 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, el 17 de febrero de 2020», exponen.
«El sentido de la resolución del máximo tribunal de justicia en el país no fue obstáculo para que, siete días después de emitida, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitara al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 ‘El Altiplano’ la orden de aprehensión por uso de fondos ‘de procedencia ilícita’ en contra de las 31 personas acusadas», continúan.
La petición, iniciada por la académica de la UAM Laura del Alizal, ya supera las 4 mil firmas, entre las que se encuentran la del físico Alejandro Frank, Premio Nacional de Ciencias; el físico Luis Mier y Terán Casanueva, ex Rector de la UAM, y la bióloga de la UNAM Marisa Mazari Hiriart.
También han sumado sus firmas el escritor Felipe Garrido, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; la historiadora y cronista Ángeles González Gamio; el físico Shahen Hacyan; Alfonso Escamilla Esquivel, Secretario de Servicios Educativos del IPN, y el arqueólogo Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor.
«La forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país», denuncian en conjunto.
Este mismo día, en el mismo sentido, el Sindicato del Personal Académico de la UAM (SPAUAM) exigió un alto a la persecución de científicos.
«En particular, exigimos la atención a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, el desistimiento de esta solicitud de tal orden de aprehensión sin fundamentos, la conducción de la política científica sin venganzas ni coerciones, y el cese del uso faccioso de la justicia como principio de actuación en la política científica y académica de la nación», señalan.
