Veracruz se convirtió en la cuarta entidad de la República Mexicana -además de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo- en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, luego que el Congreso estatal aprobó este martes 20 de julio reformas al Código Penal del Estado.
Con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el Pleno aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y deroga el 152, del Código Penal del Estado de Veracruz.
Mónica Robles, diputada morenista y quien promovió la iniciativa en la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, afirmó que las mujeres veracruzanas ya se practican abortos, pero en condiciones insalubres y con las autoridades criminalizándolas.
«Que esté como un delito en nuestro Código Penal no significa que las mujeres dejen de abortar, las mujeres abortan por muchas razones personales y muchas de ellas, si pudiéramos entender su circunstancia, no hablaríamos de criminalizarlas, sino de protegerlas», dijo en su participación.
Con las reformas al Código Penal, ahora se establece que comete el delito de aborto solo quien realice la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación y contempla sanciones de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad para quien se provoque o consienta que se le practique el aborto después de ese periodo.
Asimismo, a quien realice un aborto forzado a una mujer se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de hasta cien días de salario, aunque las sanciones pueden elevarse de seis a 15 años de prisión por violencia física o moral.
También, en el artículo 154 se estipula como excluyentes de responsabilidad penal cuando el aborto se realiza a una mujer que fue violada o inseminada artificialmente sin su consentimiento, y cuando existe riesgo de muerte o afectaciones de salud en la madre por el embarazo.
Apenas el pasado 30 de junio, el Congreso de Hidalgo aprobó también reformas para la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación; en Oaxaca, se aprobó el 25 de septiembre de 2019 y en la Ciudad de México desde abril de 2007.
