La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, y algunos integrantes del Consejo de la Judicatura, aprobaron el Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial, con el que se decreta una reducción salarial para los magistrados de entre 20 y hasta 30 por ciento, para cubrir el boquete financiero de 500 millones que enfrenta ese órgano constitucional.
El plan de austeridad aplicará de manera inmediata, a partir de este 12 de junio, con la reducción salarial referida, la cual fue aprobada –según se enfatiza en el comunicado oficial- “de manera voluntaria”.
Asimismo, se aplicará la homologación de bonos, cancelación de vales de gasolina y de fondos revolventes, vales y bonos extraordinarios.
Además, también se “exhorta” al personal administrativo y a los de puestos de confianza a “aplicar una reducción en la misma medida”, excluyendo al personal de base y sindicalizados.
Empero, y a pesar de la enorme carga presupuestal que representan -17 millones de pesos mensuales por un lapso de 25 años- y de que se han señalado múltiples irregularidades en su construcción, no se le tocó ni un centavo a las Ciudades Judiciales.
