Crisis en el Poder Judicial de Veracruz: corrupción, complicidad y encubrimiento

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Un grave problema de insolvencia financiera asociada a actos de corrupción tolerados y encubiertos tiene al Poder Judicial del estado de Veracruz en medio de una tremenda crisis.

Esta semana, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, anunció la decisión de desaparecer 29 juzgados en la entidad y pidió a los magistrados de ese Poder reducirse sus compensaciones hasta en un 30 por ciento de aquí a que concluya 2021, debido a un déficit de 500 millones de pesos que comprometió ya hasta el pago de la nómina de los empleados.

En un audio que circula en redes sociales de una reunión de los magistrados del TSJEV, éstos le piden a Romero Cruz que en lugar de reducir sus ingresos, se revisen los contratos irregulares que en la administración de Edel Álvarez Peña se firmaron para la construcción de las Ciudades Judiciales.

En febrero de 2020, la anterior presidenta del TSJEV, Sofía Martínez Huerta, decidió suspender los pagos a las empresas encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), tras detectar irregularidades que provocaron que el costo original proyectado en cinco mil millones de pesos se elevara a 15 mil millones.

Los pagos al consorcio Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V. representan 17 millones de pesos mensuales por un lapso de 25 años. La decisión de suspenderlos le costó a Sofía Martínez que desde el Ejecutivo estatal se operara su defenestración, destitución e inhabilitación como magistrada.

Cuando los magistrados le plantearon esta semana a Isabel Inés Romero Cruz la revisión de esos contratos, su respuesta –exhibida en el audio referido- fue de rechazo: “no venimos a tratar el tema de las APP, que si revisar los contratos, que si esto. Es solamente lo que les dije, un porcentaje (de reducción de los salarios). El que quiera sumarse voluntariamente que me lo dijera y yo decirle al señor gobernador ‘fulano, zutano, perengano, van a apoyar’. Pero no revisar los contratos y otro tipo de cuestiones”, sentenció.

Dicha discusión entre Romero Cruz y los magistrados se llevó a cabo en la sala de plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz el pasado jueves 8 de junio. Durante la misma, la magistrada Claudia Reséndiz Aguilar propuso como “solución” para no reducir salarios de los magistrados, que se eliminara a un secretario de estudio y cuenta (proyectista), cuya función es elaborar los proyectos de sentencia, es decir, son las personas que realizan el trabajo, al igual que los oficiales administrativos. Siendo sus ingresos mensuales ascienden a 35 mil pesos, mientras que los de los salarios nominales de los magistrados son de 140 mil pesos mensuales.

Entre los socios de las empresas que participan en la construcción de las 17 Ciudades Judiciales destacan Carlos Francisco Nachón García, hermano del actual secretario de Desarrollo Económico estatal Enrique Nachón García, y Francisco José Ruiz Anitúa, integrante de una acaudalada familia del puerto de Veracruz que ha hecho enormes negocios con los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y hasta con el de Roberto Borge en Quintana Roo. Ambos, con participación en la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V.

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