En un video que circuló a través de redes sociales, se observa el momento en el que elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) golpean con brutalidad a un hombre en el interior de una bodega, para después llevárselo detenido.
La agresión –que también se cometió en contra de otras personas- se registró el pasado 19 de junio en una bodega ubicada en el municipio de Río Blanco, propiedad del empresario José Antonio May González, quien recuperó el video del respaldo de las cámaras de seguridad, mismas que –denunció- fueron destruidas por los policías.
Mediante otro video, May González acusó al director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la FGE, Rodolfo Astudillo Medina, de participar directamente en las agresiones y torturas a sus empleados, que fueron detenidos.
El empresario afirmó que los policías de la FGE sustrajeron un millón y medio de pesos en efectivo que eran para el pago de proveedores y de la nómina, y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador protección para él y su familia, pues dijo temer por su vida.
Una semana después de estos hechos, la Fiscalía General del Estado difundió que apenas este sábado 26 de junio, el Juez de Control radicado del Distrito Judicial de Orizaba dio procedencia a las vinculaciones a proceso en contra de “tres probables responsables de cometer el delito de ultrajes a la autoridad y narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, quienes previamente fueron detenidos en flagrancia por agentes ministeriales”.
“La detención tuvo lugar el pasado 19 del mes en curso al momento que probablemente cometieron hechos constitutivos de delitos en una bodega ubicada en calle Paso Carrera de la congregación Vicente Guerrero, perteneciente al municipio Rio Blanco. Al proceder a la intervención, los tres imputados probablemente intentaron amagar con arma de fuego a los elementos ministeriales sin tener éxito”, señala el comunicado de la FGE.
Los detenidos José Luis “N”, Miguel Ángel “N” y Juan Miguel “N” fueron vinculados a proceso y el juez fijó la medida cautelar de dos años de prisión preventiva oficiosa.
