Quebradero

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Tamaulipas, nadie va a ceder

 

Por Javier Solórzano Zinser

 

Nos la hemos pasado en medio de las prisas del gobierno para transformar lo que ha señalado López Obrador desde hace muchos años.

El gran problema está en las formas, porque a través de ellas se está perdiendo el sentido de la legalidad y el orden constitucional bajo el cual la sociedad se ha organizado, para bien y para mal.

Si se quiere cambiar el marco legal, hay que utilizar los mecanismos democráticos para el proceso de transformación, pero no podemos pasarlos por alto bajo el criterio de que el actual gobierno representa algo así como la legalidad y legitimidad.

Todo lo que se diga respecto a la relación entre el Presidente y la FGR entra en terrenos especulativos, se ha llegado a mencionar que el fiscal ha tenido la intención de renunciar debido a la compleja y trompicada relación que guarda con el Ejecutivo. No es casual que cada vez se cuestione más si la Fiscalía trabaja efectivamente de manera autónoma.

El Presidente ha dado a conocer información que se presupondría está reservada y es de uso exclusivo de la Fiscalía. A pesar de ello, el mandatario la conoce y hace pública lo que genera más dudas sobre la multicitada autonomía.

No pareciera que se haya cortado el hilo entre la Presidencia y la Fiscalía. Se podrá llamar de manera diferente y ya no decirle PGR, la cual, en su tiempo, era una definitiva extensión del Ejecutivo, pero hoy con un nombre u otro la Fiscalía se sigue viendo cerca de la Presidencia como en otros tiempos.

En el debate sobre si el gobernador de Tamaulipas tiene fuero o no poco ha importado el marco constitucional y las decisiones del Congreso local. En la toma de decisiones lo que se ha hecho ha sido interpretar las leyes, hablar de vacíos, hablar de dudas, de poca claridad para interpretar las cosas, incluso una decisión de un juez ha estado por encima de la de un ministro de la Corte, todo ello para así poder tomar las decisiones que quieren tomar.

Para definir lo que está pasando, López Obrador recurre de nuevo a afirmaciones que inevitablemente provocan suspicacias, “yo no estoy dando instrucciones no es mi fuerte la venganza… yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo encubrir a nadie, no soy tapadera”.

El criterio presidencial está siendo cuestionado porque es utilizado en contra de aquellos que son sus “adversarios”. Como hace algunos días referíamos, las varas con las que mide las cosas son discrecionales.

El debate de Tamaulipas no tiene que ver en nada con las presuntas responsabilidades del gobernador, lo que no quiere decir que pasen a segundo plano, existe información que debe ser investigada sobre Cabeza de Vaca y su entorno.

La confusión de las formas tiene que ver también con la decisión que tomó la mayoría de Morena en el Congreso. Decidió “quitarle el fuero” al gobernador por una acusación que resultó diferente de lo que originalmente se había mencionado, no hay otra que suponer que la decisión desde las alturas se tenía que acatar; llama la atención la militancia de algunos legisladores morenistas en el tema, es obvio que van tras el gobernador.

El tema está centralmente en los mecanismos que se están utilizando para detenerlo. Defender el Estado de derecho y la legalidad es defender la justicia ciudadana sin importar de quién se trate.

Si las cosas no se hacen bien podríamos entrar en los terrenos de afectación al debido proceso y se podría caer en ámbitos en donde las circunstancias impidan enjuiciar al gobernador, no vaya a ser que ni siquiera se le lleve ante los tribunales.

El lance es definitivamente delicado y riesgoso. Mal momento si se busca hacer justicia desde la política rozando el encono.

 

RESQUICIOS

 

Por más que el Presidente sea el centro de las controversias, no existe la menor duda de que sus niveles de popularidad y aceptación siguen siendo altos y reconocidos. Quién sabe si esto termine por pesar entre el electorado, pero el Presidente sigue en muy buen momento.

 

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