*En vísperas de las elecciones de 2027, la mayoría legislativa redujo los recursos del organismo electoral, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, una vez concluidos los comicios, volverá a presentar su propuesta de reforma constitucional, que fue rechazada incluso por sus aliados del PT y el PVEM. La decisión ocurre en medio de la crisis institucional desatada por los escándalos de presunta corrupción de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.
En medio de la crisis institucional que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara de Diputados aprobó en lo general un recorte de 6 mil millones de pesos a su presupuesto para 2027, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, una vez concluidas las elecciones del próximo año, volverá a presentar su propuesta de reforma electoral, rechazada anteriormente por el Congreso de la Unión.
Ambas decisiones colocan nuevamente al organismo electoral en el centro de la disputa política nacional, precisamente cuando deberá organizar uno de los procesos electorales más complejos del país, en el que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán miles de cargos públicos federales y locales.
El recorte presupuestal fue avalado como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, aprobado en lo general con 372 votos a favor y 102 en contra, con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que el PAN y el PRI votaron en contra.
El presupuesto federal contempla un gasto total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, pero para el INE establece una disminución de aproximadamente 14 por ciento respecto de los recursos considerados originalmente en el proyecto enviado a la Cámara de Diputados.
De esta manera, el organismo pasaría de una asignación proyectada de alrededor de 42 mil 274 millones de pesos a 36 mil 274 millones, una reducción de 6 mil millones que fue incorporada en dos etapas durante la discusión presupuestal.
La reducción presupuestal se realizó mediante dos ajustes. El primero, por 5 mil millones de pesos, fue incorporado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
De esa cantidad, 3 mil millones se reasignaron al programa La Escuela es Nuestra; mil millones a acciones de medio ambiente; 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil, y 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Posteriormente se agregaron otros mil millones de pesos al recorte, de los cuales aproximadamente 618 millones se destinaron al programa de Expansión de la Educación Inicial, que incluye los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), vinculados históricamente con el Partido del Trabajo.
Otros 362 millones se dirigieron a programas de atención y bienestar de las mujeres, mientras que 20 millones fueron asignados a promoción turística.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, la morenista Merilyn Gómez Pozos, defendió los ajustes bajo el argumento de que se trata de una revisión técnica del gasto electoral, tomando como referencia los costos de las elecciones de 2024 y del proceso judicial de 2025.
No obstante, reconoció que la discusión sobre el financiamiento del INE adquirió una dimensión política, en medio de múltiples propuestas de legisladores oficialistas para reducir todavía más los recursos del instituto.
Sheinbaum anuncia que volverá a presentar su reforma electoral
De manera paralela, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que insistirá en su propuesta original de reforma electoral, que fue rechazada en marzo de este año al no conseguir la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
La mandataria dejó claro que esperará a que concluya el proceso electoral de 2027 para volver a impulsar los cambios que no logró concretar en su primer intento.
“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, y un plan B que una parte sí y otra no (se avaló). Nada más que pasen las elecciones lo voy a proponer de nuevo”, declaró.
Sheinbaum reiteró que considera indispensable disminuir el financiamiento público de los partidos políticos, modificar el sistema de representación proporcional, reducir el costo de las elecciones y establecer nuevos mecanismos de participación ciudadana.
También cuestionó la resistencia de las fuerzas políticas, incluidos partidos aliados de Morena, a modificar el sistema de legisladores plurinominales, uno de los principales puntos de desacuerdo que impidieron aprobar su iniciativa.
La presidenta sostuvo que las elecciones mexicanas continúan siendo demasiado costosas y que una parte de esos recursos debería destinarse a otras necesidades de la población.
La propuesta original de reforma electoral de Sheinbaum fue desechada el 11 de marzo de 2026 en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada que exige una modificación constitucional.
El rechazo representó un desacuerdo significativo dentro del bloque oficialista, debido a que Morena no consiguió convencer a sus aliados del PT y del PVEM para respaldar modificaciones que afectaban directamente el sistema de representación proporcional y el financiamiento de los partidos.
Entre los principales planteamientos de la iniciativa presidencial figuraba reducir en 25 por ciento el costo de las elecciones y modificar los mecanismos de asignación de las diputaciones plurinominales.
En la Cámara de Diputados se proponía conservar los 200 espacios de representación proporcional, pero cambiar su mecanismo de elección para eliminar las listas elaboradas por las dirigencias partidistas.
En el Senado, la propuesta contemplaba suprimir las 32 senadurías plurinominales, con lo que la Cámara alta pasaría de 128 a 96 integrantes.
Tras el fracaso de la reforma constitucional, el Ejecutivo presentó un segundo paquete de modificaciones, conocido como Plan B, del cual solamente una parte consiguió prosperar.
Ahora, Sheinbaum pretende retomar los cambios después de las elecciones intermedias, aunque para concretarlos necesitará nuevamente una mayoría constitucional que no consiguió reunir en marzo.
La disminución presupuestal y el anuncio de una nueva ofensiva legislativa en materia electoral se producen en un momento especialmente delicado para el INE, cuya credibilidad ha sido cuestionada por las denuncias de presuntas irregularidades y conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
