*El diputado de Morena anunció acciones legales por daño moral contra quienes lo vinculen con un presunto esquema de cobro de cuotas a trabajadores del órgano electoral. Extrabajadores denunciaron exigencias de hasta 15 mil pesos mensuales y depósitos a una cuenta relacionada con una funcionaria del Gobierno de Veracruz.
En medio del escándalo por las denuncias de extrabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes lo señalaron por su presunta relación con una red de cobro de “moches” a cambio de conservar plazas laborales, el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que emprenderá acciones legales por daño moral contra quienes continúen vinculándolo con estos hechos, en especial, la periodista Aurora Zepeda, autora de la investigación.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados difundió un mensaje en sus redes sociales en el que rechazó nuevamente cualquier responsabilidad en las irregularidades denunciadas y advirtió que quienes insistan en relacionarlo con ellas deberán enfrentar consecuencias legales.
“He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento”, expresó el legislador veracruzano.
Gutiérrez Luna sostuvo que ya había ejercido su derecho de réplica, pero se quejó de que las publicaciones y señalamientos continuaran.
“Ya ejercí mi derecho de réplica y, aun así, continúan con esa narrativa de pretender involucrarme en algo en lo que NADA tengo que ver”, escribió.
Y agregó: “Que se investigue, y en todo caso se sancione a los verdaderos responsables, pero que también se asuman las consecuencias legales de los señalamientos infundados de manera reiterada”.
La advertencia ocurre después de que el periódico Excélsior publicara, el pasado 30 de octubre, una investigación de la periodista Aurora Zepeda sobre un presunto esquema de cobro de cuotas a empleados del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, en el que extrabajadores señalaron una supuesta influencia de Gutiérrez Luna en la asignación de plazas.
De acuerdo con los testimonios publicados, los trabajadores debían entregar una parte de sus salarios para conservar sus puestos, mediante un mecanismo de pagos periódicos que habría alcanzado distintos niveles de la estructura administrativa.
Los denunciantes aseguraron que a los subdirectores se les exigían hasta 15 mil pesos mensuales, mientras que algunas jefaturas debían aportar más de siete mil pesos. Las cuotas representaban, en determinados casos, más del 20 por ciento de los ingresos netos de los empleados.
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es que, según los testimonios, parte de los recursos se depositaba en una cuenta bancaria cuya titular sería una “funcionaria de del Gobierno de Veracruz”.
La publicación periodística aseguró haber tenido acceso a documentación bancaria relacionada con esos movimientos, mientras que los extrabajadores también denunciaron presuntas prácticas de intimidación y vigilancia, incluida la revisión de teléfonos celulares para evitar filtraciones de información.
En entrevistas posteriores, la periodista Aurora Zepeda señaló que al menos tres extrabajadores coincidieron en mencionar a Sergio Gutiérrez Luna como una de las personas que presuntamente tenían influencia en la colocación de personal dentro del órgano fiscalizador del INE.
