*La gobernadora había calificado de “absurda” la exigencia de comprobar la asistencia de más de 137 mil trabajadores de la educación. Sin embargo, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, confirmó que el gobierno estatal ya entrega la documentación solicitada. También reveló que continúan procedimientos administrativos y penales por irregularidades en el manejo de recursos públicos en Veracruz.
Pese a los cuestionamientos públicos de la gobernadora Rocío Nahle García, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene la revisión de la nómina magisterial de Veracruz para detectar posibles “aviadores”, es decir, personas que cobran salarios con recursos públicos sin desempeñar las funciones para las que fueron contratadas.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, confirmó este martes en Xalapa que las dependencias del gobierno veracruzano comenzaron a entregar las listas de asistencia y demás documentación requerida para verificar la situación laboral de más de 137 mil trabajadores del sistema educativo estatal.
La revisión sigue adelante a pesar de que, el pasado 28 de septiembre, Nahle García arremetió públicamente contra el requerimiento del organismo fiscalizador, al que calificó de “absurdo” y “una locura”, bajo el argumento de que las condiciones geográficas y de conectividad de Veracruz dificultan comprobar la asistencia de los maestros, especialmente en comunidades rurales.
Sin embargo, el auditor federal dejó claro que verificar que los trabajadores efectivamente desempeñen las funciones por las que reciben un salario es parte de las atribuciones de la ASF y constituye un procedimiento que se realiza en todas las entidades federativas.
Durante una entrevista en Xalapa, Hernández Palacios Cardel evitó confrontarse directamente con la mandataria estatal, pero confirmó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Contraloría General del Estado están colaborando con la fiscalización.
“Nos encontramos en los procesos de validación de toda la información. La verdad que hemos recibido la mejor de las cooperaciones por parte de todo el gobierno estatal, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría”, declaró.
La fiscalización comprende los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mediante el cual se financian salarios y otros gastos relacionados con la prestación de servicios educativos.
El objetivo es contrastar la información de las nóminas con la documentación que acredite la presencia y las actividades del personal en los centros de trabajo, a fin de identificar posibles pagos indebidos.
Hernández Palacios Cardel confirmó que la detección de trabajadores que cobran sin laborar forma parte de los objetivos de este tipo de revisiones, aunque precisó que todavía no existen resultados definitivos sobre la situación de Veracruz.
Por lo tanto, será hasta que concluya la validación documental cuando pueda establecerse si hay irregularidades y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
En otro tema, el titular de la ASF confirmó que siguen abiertos diversos procedimientos administrativos y judiciales relacionados con presuntos desvíos de recursos públicos en Veracruz, algunos de los cuales se remontan a administraciones anteriores, incluida la del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Hernández Palacios Cardel reconoció que existen créditos fiscales vigentes, procedimientos de resarcimiento y procesos penales que todavía no han concluido.
“Están los créditos fiscales, hay resarcimientos que ya se llevaron a cabo, hay procesos penales que están llevando su curso, hay funcionarios públicos que están en la cárcel”, señaló.
No obstante, el funcionario evitó precisar cuánto dinero ha sido recuperado, qué montos permanecen pendientes de reintegro o cuáles son los expedientes que continúan sin resolución definitiva.
El auditor reconoció que uno de los principales problemas del sistema de fiscalización es la lentitud de los procedimientos legales, que pueden prolongarse durante años entre la detección de una irregularidad y la imposición de sanciones o recuperación del dinero.
Por ello, informó que la ASF mantiene mesas de trabajo con la Fiscalía General de la República (FGR) para impulsar modificaciones legales que permitan actuar con mayor rapidez contra los responsables del uso irregular de recursos públicos. “Lo que necesitamos son cursos legales más activos, mucho más eficientes y mucho más rápidos”, sostuvo.
Explicó que las reformas buscarían otorgar mayores facultades al organismo fiscalizador para sancionar irregularidades y conseguir la devolución de recursos desviados sin tener que esperar los prolongados procedimientos que actualmente establece la legislación.
Hernández Palacios Cardel ofreció estas declaraciones durante su visita a la capital del estado, donde participó en la firma de convenios de colaboración con instituciones públicas de educación superior, en el marco del Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios.
