*La Fiscalía General del Estado anunció que la familia de la joven fallecida llegó a un acuerdo con el establecimiento, pero no reveló los términos ni los montos de la reparación. Tampoco informó sobre investigaciones contra los funcionarios municipales de la anterior administración que autorizaron la construcción del inmueble sobre un humedal y junto a un cauce de aguas negras, pese al riesgo de inundación.
La muerte de Joselyn Flores Hernández, la joven de 20 años que falleció ahogada durante la inundación del Híper San Bruno, en Xalapa, quedó encaminada a su cierre mediante un acuerdo reparatorio entre su familia y el establecimiento comercial, mientras permanecen sin esclarecerse las responsabilidades de las autoridades municipales que permitieron construir y operar el negocio en una zona identificada como inundable.
Este lunes, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, anunció mediante un video difundido en redes sociales que las partes involucradas habían alcanzado un acuerdo conforme a los mecanismos previstos en la legislación penal.
“Dentro de los mecanismos que establece la ley para un caso de esta naturaleza, se prevé el acuerdo reparatorio, mismo al que llegaron las partes”, declaró la funcionaria.
Sin embargo, la Fiscalía no reveló en qué consistió el convenio, si hubo una compensación económica, cuál fue su monto ni qué otros compromisos asumieron los responsables del establecimiento. Tampoco aclaró si el acuerdo ya fue cumplido o si la carpeta de investigación quedó formalmente cerrada.
La resolución anunciada contrasta con el compromiso que la propia Fiscalía había expresado el pasado 5 de octubre, cuando informó que investigaría las circunstancias de la muerte de Joselyn y determinaría las posibles responsabilidades penales.
La madre de la joven, Rocío Hernández, había denunciado que, según testimonios de otros empleados, los encargados del Híper San Bruno presuntamente impidieron que los trabajadores abandonaran el inmueble cuando comenzó a inundarse, pues les habrían ordenado permanecer para proteger la mercancía.
Esa versión, que apuntaba a una posible negligencia de los responsables del negocio, no fue aclarada públicamente por la Fiscalía antes de anunciar el acuerdo.
Las responsabilidades municipales que quedaron fuera
Pero el caso no se limita a las decisiones tomadas por los administradores de la tienda durante la emergencia.
Una investigación publicada por Excélsior reveló que las autoridades de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa autorizaron en 2024 la construcción y el cambio de uso de suelo para un complejo comercial de aproximadamente 4 mil 200 metros cuadrados sobre un humedal que funcionaba como zona de amortiguamiento pluvial.
De acuerdo con los documentos citados, el predio ubicado en la avenida Mártires del 28 de Agosto número 368 aparece dentro de una zona inundable en el plano de Amenazas y Vulnerabilidades, identificado con la clave D-11, del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Xalapa.
La investigación también identificó el oficio DDU/6465/2024, relacionado con las autorizaciones municipales, cuya validez estaba condicionada a la presentación de dictámenes técnicos de riesgo de Protección Civil y otros estudios.
Pese a estas condiciones, el establecimiento entró en operaciones en una zona expuesta al desbordamiento de los cauces cercanos, prácticamente junto a un arroyo de aguas negras, en un terreno situado por debajo del nivel de la avenida.
Todavía en mayo de 2022 el terreno figuraba como domicilio de una empresa de repintado automotriz, lo que colocaba bajo cuestionamiento las autorizaciones posteriores para convertirlo en una tienda departamental.
Estos antecedentes plantean una responsabilidad que no puede resolverse únicamente mediante un convenio económico entre particulares: la actuación de los servidores públicos que autorizaron el proyecto, permitieron su funcionamiento y debieron verificar las condiciones de seguridad del inmueble.
La Fiscalía no informó este lunes si abrió alguna línea de investigación contra funcionarios o exfuncionarios de Desarrollo Urbano, Protección Civil u otras dependencias municipales, ni si solicitó los expedientes de construcción, cambio de uso de suelo y funcionamiento.
Una muerte que pudo evitarse
Joselyn Flores Hernández era estudiante de Ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y trabajaba en el Híper San Bruno para combinar sus estudios con una actividad remunerada.
La noche del 28 de septiembre, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Carneros y el agua ingresó violentamente al establecimiento. La joven quedó atrapada en el interior y posteriormente fue encontrada sin vida.
Su fallecimiento puso de manifiesto no solamente las posibles deficiencias en los protocolos de evacuación de la empresa, sino también las consecuencias de permitir construcciones comerciales en zonas de riesgo hidrológico.
