Por Mariana Calderón Aramburu
La impunidad en México es un problema sistémico, profundamente arraigado en nuestras instituciones. Incluso los casos que, por su gravedad y trascendencia, deberían demostrar la capacidad del Estado para hacer justicia terminan con investigaciones inconclusas y responsabilidades sin esclarecer.
El problema no puede explicarse únicamente por la falta de capacidad institucional. La impunidad adquiere otra dimensión cuando el Estado debe investigar a sus propios agentes o a personas cercanas. En estos casos, aclarar los hechos se convierte también en un problema de poder.
Ahí está el caso de La Barredora. Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, enfrenta procesos penales por sus presuntos vínculos con una organización criminal. Sin embargo, permanece sin esclarecerse qué sabían quienes lo designaron y supervisaron, y si existieron omisiones o complicidades que permitieron que una presunta estructura criminal operara desde una institución encargada de combatirla.
El huachicol fiscal plantea interrogantes similares. Las investigaciones sobre redes de contrabando de combustible han alcanzado a mandos y exintegrantes de la Marina. El 8 de octubre fue vinculado a proceso otro presunto operador. Las detenciones representan avances, pero no explican por sí solas cómo pudieron operar estas redes a través de aduanas y estructuras encargadas de vigilarlas, ni hasta dónde llegaron las responsabilidades.
También están los señalamientos sobre los negocios relacionados con el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Diversas investigaciones periodísticas difundieron grabaciones en las que el empresario Jorge Amílcar Olán sostiene que Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente, le ofreció facilitar negocios de explotación de minas para suministrar balasto. Los hijos de López Obrador han rechazado los señalamientos. Estas revelaciones abren serios cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias en la asignación de contratos públicos.
El mismo empresario aparece en investigaciones sobre la compra de medicamentos. Mexicanos Contra la Corrupción documentó contratos superiores a 490 millones de pesos otorgados a una empresa vinculada con Olán, a través de gobiernos estatales que utilizaron recursos federales de salud. El 7 de octubre, familias de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la FGR contra Olán y Andrés Manuel López Beltrán por presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos oncológicos.
Y la lista podría continuar: las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios; los 40 migrantes muertos bajo custodia del Estado en Ciudad Juárez; el colapso de la Línea 12 del Metro; el espionaje con Pegasus y los sobreprecios en las compras de medicamentos de Birmex.
Estos casos tienen circunstancias y situaciones judiciales distintas, pero evidencian las enormes dificultades para aclarar responsabilidades cuando las investigaciones pueden comprometer a quienes ejercen el poder o mantienen vínculos con él.
La impunidad no siempre requiere una decisión expresa de encubrir. Puede alimentarse de investigaciones deficientes, omisiones, silencios, dilaciones y falta de independencia. Pero quizá lo más preocupante sea que, como sociedad, nos estamos acostumbrando a ello. Un escándalo sustituye al anterior, las autoridades prometen investigar y, con el paso del tiempo, las exigencias de justicia se diluyen.
No nos corresponde dictar sentencias ni sustituir a las autoridades, pero sí exigir que investiguen, esclarezcan los hechos y sancionen a quienes resulten responsables, sin importar su cargo, apellido o cercanía con el poder.
La impunidad no puede convertirse en una condición que aceptemos como inevitable. Mientras las autoridades no rindan cuentas y nosotros no se las exijamos, los casos seguirán acumulándose sin consecuencias. Como ciudadanos, no podemos seguir permitiendo que el poder encuentre en nuestra indiferencia otra forma de impunidad.
